CAMPECHE, Cam. (apro).- El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, aseguró que las consultas que definirán el futuro del Tren Maya no serán simuladas, y garantizó que se cuidará que los intereses “más sanos” de las comunidades originarias estén mejor representados en esos procesos. Desde hace años, muchos de los ejidos que serán afectados por el proyecto han sido objeto de despojo por parte de poderosos empresarios o políticos que per se o a través de prestanombres se han convertido en los comuneros “mayoritarios” de esos núcleos, donde imponen autoridades municipales y ejidales a modo para cuidar sus intereses. Tras reconocer el problema del despojo y la especulación de tierras, Jiménez Pons reveló que cuando comenzaron las visitas a estos estados para promocionar el proyecto, lo abordaron “dos conocidos coyotes” de la región, a quienes dijo que no platicaría con ellos si sus nombres no estaban en las listas. Si bien no dio más detalles sobre ese episodio, precisó: “Sabemos que hay presión de los coyotes para que (los ejidatarios) vendan”, y reiteró el llamado que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que no vendan sus tierras y participen en el proyecto como socios o arrendatarios. Mencionó el caso de Tulum, en Quintana Roo, de donde partirá la ruta del Tren Maya que recorrerá varios puntos de aquella entidad, así como de Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas. En Tulum, agregó, “la cuestión especulativa es impresionante, es muy grave”. Ahí ya se vendió casi todo el ejido, “veintitantas mil hectáreas”, y se empezó un desarrollo inmobiliario “espantoso”, “sin ton ni son”, sin calles ni banquetas y sin planeación urbana. El director de Fonatur dijo que no quiere que se replique ese ejemplo en los otros puntos que tocará el Tren, y por eso, subrayó, se está pidiendo a los ejidatarios “que no vendan sus tierras”. Expuso que en el caso de Bacalar, Quintana Roo, se pidió a los ejidatarios mil hectáreas para el ordenamiento territorial en torno a la estación, y se procurará que alrededor de esas estaciones haya siempre un 80% de áreas verdes. De igual manera, reiteró que el derecho de vía --20 metros a cada lado de la vía férrea-- se comprará a precio “justo y razonable”, pero no se expropiará ninguna tierra “porque no queremos que sea un problema; queremos que la gente quede satisfecha y todos estemos cómodos con el proyecto”. En relación con el desarrollo inmobiliario que se genera en torno a las estaciones del treno, abundó, “eso es distinto”, y para evitar que los ejidatarios vendan sus tierras –insistió-- se les asesorará para incorporarlos como socios o arrendatarios del proyecto en los desarrollos inmobiliarios, como los hoteles que se crearán. “O renta o se asocia, pero nunca pierde el ejidatario la propiedad de sus tierras. El chiste es que los desarrollos inmobiliarios tengan participación de los locales, igual que los proyectos de desarrollo agroalimentario” que se planean en torno al Tren Maya, recalcó. En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Pedro Armentía, y la delegada de programas federales en la entidad, Katia Meave Ferniza, Jiménez Pons instó a las comunidades indígenas y a la población en general a participar en las consultas públicas que se realizarán en diciembre próximo para decidir si el proyecto del Tren Maya se concreta o se descarta. En la consulta indígena participarán representantes que serán elegidos por sus comunidades. Y ante la posibilidad de que éstos pudieran ser enviados por los empresarios y políticos que se han apropiado de los ejidos, el funcionario aseguró que se cuidará que sean “los intereses sanos y de origen” los que estén mejor representados. La consulta “será auténtica y no una simulación”, sostuvo, y añadió que el proceso “no terminará ahí en la consulta”, pues de ella derivarán mesas de trabajo que den la pauta al gobierno para instrumentar las políticas para mitigar los impactos ambientales, sociales y culturales que pudiera causar el proyecto. La intención es que se generen los consensos necesarios “para que todo mundo esté cómodo y participativo” y que las comunidades se conviertan en entes autogestivos, alentando su participación “constante y creciente” para la preservación de su patrimonio. Además, señaló que el proceso de consulta será vigilado por observadores nacionales e internacionales de organismos defensores de los derechos humanos y de los indígenas, así como por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por su parte, la delegada Katia Meave Ferniza comentó que en el proceso de consulta se busca que las comunidades por primera vez digan “los cómos quieren ser incluidos en los proyectos y no seamos nosotros los que les impongamos un modelo de desarrollo”. Remató: “Queremos cambiar las formas, cambiar los métodos, y les pedimos su voto de confianza para hacer las cosas de manera distinta”.