Oficial Mayor de SHCP promete licitación de medicamentos en segundo semestre

viernes, 24 de mayo de 2019 · 20:19
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, aseguró que durante el segundo semestre sí se realizará la licitación pública internacional para la compra consolidada de medicamentos del sector salud, que no hay desabasto en el país y evitó hablar de la renuncia de Germán Martínez al IMSS. El año pasado esta licitación representó recursos por 51  mil millones de pesos pero se suspendió por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que señaló a tres farmacéuticas con una participación superior al 60% en las compras de medicamentos del IMSS y del ISSSTE. Raquel Buenrostro dijo, sin embargo, que un cambio en este proceso de licitación –que se realizará por primera vez en un segundo semestre y no en el primer trimestre del año como se había realizado desde 2013– es la celebración de convenios con entidades federativas para que participen junto con el gobierno federal y se sumen a la compra consolidada de fármacos. “A la fecha y para el siguiente proceso de licitación, hay 22 entidades federativas que se quisieron adherir. De esa manera ya tenemos un volumen considerable para hacer una licitación durante el segundo semestre. Esta es la primera vez, en muchísimos años, en varias administraciones, que se hace una compra consolidada a mitad del ejercicio para el mismo ejercicio, antes no se hacía. Entonces, ese sí es un cambio muy importante”. En 2017 la subasta de compras de gobierno de fármacos integró a 48 entidades públicas (cinco dependencias federales, 20 gobiernos estatales y 23 institutos de salud). Buenrostro sumó a dos más en seis meses. Con el apoyo del presidente para cambiar todas las leyes necesarias, la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda aseguró que el sistema de adquisiciones y obras públicas se transformará en un plazo máximo de cinco años a través de siete estrategias para incrementar la transparencia y el combate a la corrupción. Además, como en el caso de los antirretrovirales, adelantó que se modificarán los criterios para comprar fármacos porque ya no será el precio sino el tratamiento. Entonces, las autoridades responsables de las compras públicas analizarán junto con expertos en temas de salud cuáles son los mejores tratamientos para comprar en función sólo del costo. “Se compraban muchos medicamentos que no eran los mejores. Se consideró la participación de médicos y científicos que conozcan los tratamientos de vanguardia para mejorar los tratamientos pero que no se les había dado el certificado de Cofepris, que era otra manera de corrupción”, dijo la funcionaria. Por ello, se revisa con la Cofepris los registros de fármacos y tratamientos que no se habían autorizado para generar mayor competencia.  A través de un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la Oficialía Mayor de la SHCP establecerá los precios de referencia, dijo.  Intentan robar medicamentos para atender VIH Raquel Buenrostro defendió hoy las acciones que durante los últimos seis meses se han tomado en las adquisiciones del gobierno federal. Citó, por ejemplo, las compras de medicamentos antirretrovirales en los cuales se logró un ahorro de 57 por ciento en relación con el año pasado. “En tan sólo un medicamento tuvo un ahorro de 70 por ciento”, dijo la funcionaria. En total, el ahorro en la compra de retrovirales fue de mil 700 millones de pesos. México se ubica entre los países que compran los tratamientos antirretrovirales más caros a nivel mundial. Luego de que se adquirieron los medicamentos antirretrovirales, Buenrostro tuvo que admitir que la distribución ha sido compleja y que se ha necesitado de la fuerza pública. “En algunos lugares como Guanajuato, Sonora, Yucatán, que atraviesan por zonas muy peligrosas, aunque son en sí mismas zonas con mucha inseguridad, los medicamentos se repartieron incluso escoltados con la Policía Federal, porque sufrimos varios intentos de robo”, indicó. La responsable de las compras del gobierno federal por más de un billón de pesos dijo que si hay desabasto de medicamentos en el país es resultado de la falta de planeación en el sistema de compras de medicamentos heredado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y que afectaron las existencias para 2019. “La posible escasez de medicamentos y materiales de curación que se pudiera apreciar se debería en todo caso a una planeación deficiente. Esa mala planeación se puede subsanar siempre en cualquier momento, pero hay muchas maneras de hacerlo”, dijo la funcionaria de Hacienda. En conferencia de prensa, Buenrostro desestimó las críticas que acusan ineficiencia en la gestión del gasto público, sobre todo en el rubro de medicamentos, y dijo que la Oficialía Mayor no se encarga de adquirir o de autorizar el total del universo de compras y adquisiciones públicas. Se aplica, aseguró, la regla de Pareto en la Oficialía Mayor al concentrar la atención y la autorización de la Oficialía Mayor a sólo el 20% de los contratos que representan el 80% del gasto. El resto, dijo Buenrostro, es responsabilidad de las Unidades de Compras de cada dependencia o entidad pública. Abel Romero, responsable de Investigación de Mercado de la Oficialía Mayor, dijo que el 80% de las adquisiciones se realizan para PEMEX, CFE, IMSS e ISSSTE. Respecto a si la responsabilidad de las compras de gobierno está rebasando su capacidad de ejecución y la de su equipo dijo: “Me siento muy contenta de que se me haya dado la confianza de esta tarea. No me siento sola porque cuento con el apoyo del secretario de Hacienda y del presidente”. Para Buenrostro, CompraNet, el sistema electrónico de contratación pública, es sólo un depósito de información que no opera transaccionalmente. Se necesita un sistema, aseguró, que permita revisar quién autoriza cada parte del proceso,  automatizar desde la planeación hasta el proceso de pago, que todo sea abierto, más transparente y que cada quien sea responsable. Buenrostro calificó las críticas a la lenta ejecución del sistema de compras de gobierno como “resistencias” en áreas del gobierno y del sector privado ante el cambio de cultura.

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