MORELIA, Mich. (apro). - La Coordinación regional de la Policía Michoacán informó que fueron liberados los elementos del Ejército retenidos la tarde del domingo por habitantes de la comunidad de El Chauz, del municipio de La Huacana. Luego de pasar más de seis horas privados de su libertad, los pobladores los dejaron marcharse y también abrieron las entradas al municipio que habían bloqueado debido al constante acoso del crimen organizado. Sin dar mayores detalles, el gobernador Silvano Aureoles también confirmó la liberación de los elementos castrenses. Sin embargo, no aclaró bajo qué circunstancias se realizó el rescate y si las armas que portaban les fueron devueltas. El gobernador afirmó que los grupos del crimen organizado no intimidarán a las autoridades. “No nos van a intimidar, no nos van a arrinconar ni vulnerar a nuestro estado”, sostuvo. El fin de semana, un comando del Cártel de Jalisco Nueva Generación atacó a elementos de la Policía de Zamora dejando tres agentes muertos. Ante estos hechos, el mandatario estatal anunció que 350 elementos de la Policía estatal serán desplegados en el municipio que sufre el embate del crimen organizado. “Michoacán es mucho más que un puñado de delincuentes, tiene historia y memoria y nos sentimos orgullosos”, afirmó Aureoles. “Cero tolerancias contra los delincuentes. Vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar que Zamora sea vulnerada por intereses mezquinos de los delincuentes. A Michoacán se le respeta y no vamos a permitir que seamos vulnerados”. CNDH condena retención de soldados como forma de negociación La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), condenó la retención y desarme de militares que patrullaban el municipio de Huacana, Michoacán, por parte de civiles. En un comunicado, el organismo manifestó su rechazo “a las agresiones y retención contra personal militar en La Huacana, Michoacán”, además de subrayar que “bajo ningún supuesto debe hacerse uso de la fuerza y la violencia para solicitar o exigir planteamiento alguno a las autoridades”. El organismo exigió a las autoridades competentes “a investigar esos hechos y determina lo que en derecho proceda, así como a que se preserve la seguridad e integridad del personal militar y se prevengan hechos de difícil o imposible reparación”. En su pronunciamiento, la CNDH sostuvo que “es preciso que las autoridades tengan protocolos de actuación y estrategias para la atención de estos casos y evitar que se presenten pérdidas de vida cuando se detectan las amenazas y se actúa debidamente para controlarlas”. Asimismo, el organismo consideró de vital importancia “implementar medidas eficaces y pertinentes que reviertan la situación de violencia e inseguridad en diversas regiones del país, en un marco de fomento a la legalidad, respeto y cumplimiento de la ley y de los derechos fundamentales”.