CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hugo Morales García, director de Caja Libertad Servicios Financieros, que cuenta con 193 sucursales en 23 estados del país y acumula más de dos millones de clientes, aseguró que la empresa no ha sido acusada ni está sujeta a ningún proceso legal. “Únicamente ha sido mencionada como parte de un conflicto jurídico de tipo civil entre dos partes involucradas”, puntualizó en un comunicado. Añadió: “Antes que otra cosa, queremos aclarar de manera contundente que de ningún modo se encuentran en riesgo las cuentas de nuestros ahorradores ni el capital de nuestros inversionistas”. De acuerdo con Morales, Libertad Servicios Financieros es una Sociedad Financiera Popular con casi 60 años de operación, que ofrece productos y servicios financieros competitivos y accesibles, autorizada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), autoridad a la que de manera constante –dijo-- se le informa sobre el estado que guardan las finanzas y operaciones de Libertad. Puntualizó que uno de los valores principales de esa institución “radica en la transparencia con la que nos manejamos y operamos. Y con ese espíritu es que afirmamos que nuestras operaciones transcurren de manera normal y todas nuestras sucursales funcionan al 100%”. Tras destacar que actualmente suman más de 2 mil colaboradores en 187 sucursales, precisó que en la última semana la CNBV informó que no se encontró ningún elemento que ponga en riesgo las finanzas, solvencia u operación de Libertad Servicios Financieros, ni ha tenido algún requerimiento de información adicional. “Invitamos a nuestros clientes a no hacer caso ni replicar información no verificada”, finalizó el director de la empresa que, según una denuncia presentada por el empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa, es propiedad de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Juan Collado, detenido en la capital mexicana por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue presidente del consejo de administración de Caja Libertad Servicios Financieros, cargo al que renunció ayer, cuando también fue vinculado a proceso después de que el juez lo consideró responsable de usar empresas “para simular operaciones financieras y blanquear recursos” en los estados de Querétaro y Nuevo León, acción en la que pudo participar como autor material de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Antes de que fuera detenido, Libertad Servicios Financieros defendió al abogado y lo calificó como “una persona íntegra y de reputación intachable”.