FGR llama al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a declarar por el caso Ayotzinapa

martes, 24 de septiembre de 2019
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La próxima semana Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero; Iñaki Blanco, exprocurador estatal; y Leonardo Vázquez, exsecretario de Seguridad Pública en dicha entidad, se presentarán a declarar ante la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa. Posteriormente, se citará a declarar a los funcionarios federales que hayan intervenido en este caso. Ello, después de que en reiteradas ocasiones, el exgobernador se ha quejado de que la que a casi cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, las autoridades del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, nunca quisieron escuchar su versión del caso. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR), este día, la Unidad Especial citó a declarar a los exfuncionarios dentro del nuevo procedimiento iniciado. Los tres, manifestaron que rendirán su testimonio a principios de la próxima semana. El comunicado señala que una vez que se obtengan los resultados de dichas declaraciones, se hará pública la parte que procesalmente pueda darse a conocer, para no entorpecer el procedimiento. Posteriormente, se citará a declarar a los funcionarios federales que hayan intervenido en este caso. Por otra parte, la FGR explicó que en lo que toca a la audiencia que llevará a cabo el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, respecto a las personas que se encuentran privadas de su libertad por este caso, Eury “N”, Mateo “B” y Salvador “B”, ha presentado las pruebas de telefonía procedentes de Chicago, Illinois, con objeto de que se valoren en toda su magnitud. También ha aportado la documentación que indica que los tres procesados se negaron a participar en el Protocolo de Estambul, que hubiera justificado sus alegatos sobre tortura. Señala que estas pruebas supervenientes se están aplicando como consecuencia de una sentencia emitida por un Tribunal Colegiado Federal, en 2018, que descalificó el procedimiento seguido por el gobierno anterior.