CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los fondos para dotar de equipos de protección a policías estatales y municipales ante el covid-19, deben salir de otros programas y no de los destinados a la seguridad pública, ya que esto facilita el manejo discrecional de más de 11 mil millones de pesos que no podrán ser fiscalizarlos por falta de reglas. Así lo declaró la organización ciudadana Causa en Común, al alertar que los recursos que se pretenden reasignar son los del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados (FASP) y el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios (Fortaseg). Ambos fondos suman 11 mil millones 444 mil pesos (7 mil 444 millones de pesos del FASP y 4 mil millones de Fortaseg), y no contar con esos recursos perjudicará tareas de gran relevancia del programa Prevención Social, enfocado a atender la violencia contra la mujer, por ejemplo. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, indicó que al reasignar la totalidad de los recursos podría provocar que los gobiernos locales desatiendan más a las víctimas de las agresiones, aunque se trata de un delito grave. Y advirtió que en el acuerdo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dado a conocer el viernes 10, los términos o mecanismos clave para adquirir bienes o servicios no se definen con claridad, por lo que se facilita el desvío de recursos. Como ejemplo, Causa en Común señaló que no hay una definición sobre qué productos pueden adquirirse para hacer frente a la emergencia por coronavirus; en específico, no se clarifica qué es “equipamiento indispensable”, “apoyo extraordinario”, “equipo de urgencia”, ni se brinda un catálogo detallado de los bienes y servicios que se requiere comprar. En ningún momento se establece por qué, cómo o bajo qué criterios se allegarán los productos, es decir, ¿qué características tendrán?, ¿hay restricciones para comprar determinados objetos?, ¿para qué elementos policiales se van a destinar?, abundó. Otro programa que se verá afectado, dijo, es el de Desarrollo y Certificación Policial, que dejaría de recibir presupuesto para becas, así como para evaluaciones de control de confianza para los aspirantes. Ello sucede en un contexto en que el país vive un proceso de reclutamiento de elementos de seguridad pública, apuntó, y recordó que los objetivos que persigue este último programa son vitales para la selección de agentes confiables, ya que actualmente 55 mil 919 policías (16% del total) no han sido evaluados en control de confianza o no cuentan con una evaluación vigente. Por si fuera poco, añadió Causa en Común, en acercamientos con autoridades estatales y municipales, éstas ya habían alertado que ambos fondos eran insuficientes para adquirir equipamiento básico para policías (como sueldos, chalecos antibalas o cascos), así como para realizar proyectos de prevención de la violencia, o para la búsqueda de personas desaparecidas. “Con este recorte se manda el mensaje de que el gobierno federal no tiene interés en frenar la violencia, a pesar de que la delincuencia se ha incrementado”, apuntó. Para Morera, en el contexto de la crisis económica e inseguridad que vivimos en México, es inadmisible que el dinero destinado para combatir la delincuencia se use de manera inadecuada.