CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La información es vital para combatir esta pandemia que ha cambiado al mundo en unos meses. En torno a ella se conjugan derechos y deberes que requieren ser bien delimitados. El gobierno tiene la obligación de difundir información fidedigna que llegue a todos los sectores de la población de manera oportuna, accesible, comprensible y con suficiencia. Sin esa información no se puede esperar que participemos como es necesario para protegernos en lo individual y en lo colectivo. Si la información que el gobierno transmite no es precisa, no es fiable, se pone en peligro a toda la sociedad. Cualquiera tiene el derecho de cuestionar la veracidad de esa información, de refutarla y de dar a conocer sus dudas puntuales. Pero ello no implica que se tenga el derecho a desinformar a las personas, solamente con el afán de menoscabar la autoridad del gobierno. Aquí los medios de comunicación deben ver enaltecidos tanto su rol como su responsabilidad, de por sí esenciales. Dos ejemplos: el gobierno tiene un deber reforzado de respaldar a los medios en situaciones como la que atravesamos, sobre todo a los medios locales sin los cuales una parte de la población no estaría enterada de nada. En igual proporción, los medios con cobertura nacional deben asumir mayores responsabilidades, dado el impacto de lo que transmiten. Y aunque los medios tienen el derecho a informar, mientras que el gobierno tiene la obligación de hacerlo, los primeros también tienen deberes respecto de las personas comunes que nos informarnos por su vía. En caso de abuso pueden surgir responsabilidades ulteriores de los medios de comunicación que utilicen sus libertades para crear pánico deliberadamente, para engañar y manipular a sus audiencias, en detrimento de la salud de la población entera. No es lo mismo desmentir puntualmente una información oficial por no ser apegada a la realidad, o criticarla por ser debatible desde diversos enfoques, que llamar a desatender las acciones dictadas por las autoridades sanitarias del país. Coincido con quienes piensan que llevar las responsabilidades de un medio hasta el terreno de lo penal no es lo adecuado, siquiera por el efecto inhibidor que eso genera. Con todo, pudieran existir casos que lo ameriten, pero incluso en esos supuestos es importante distinguir si la responsabilidad es individual de quien transmite un mensaje que desinforma o llama a la desobediencia dolosamente, del equipo que en conjunto lleva el programa o del medio, por ejemplo, una televisora. La opinión de especialistas para el caso de Javier Alatorre sería muy interesante de conocerse, sobre todo cuando ya hay noticia de alguna denuncia por delitos que no parecen venir al caso, como el de terrorismo. ¿Se le puede acusar a él, al equipo del noticiero también, a TV Azteca inclusive? ¿Su mensaje para no hacerle caso a la autoridad sanitaria constituye un delito por sí o por lo que puede incitar entre el público que lo escuchó, o por ambos? Además de la salud, ¿hay otros bienes que merecen ser tutelados en caso de que su dicho tenga consecuencias económicas? ¿En qué grado o de qué modo es posible responsabilizar a Azteca? Una lectura veloz del Código Penal Federal me hizo pensar en cinco alternativas, de las cuales no aconsejaría ninguna, mucho menos ahora que Alatorre se aclaró a sí mismo. Sabotaje por entorpecer un servicio público, pero solo si se acredita que el fin del mensaje fue trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa (frente a la pandemia). Incitar dolosamente a que otras personas cometan el delito de desobediencia o el delito de peligro de contagio, pero probar el dolo y el nexo entre mensaje y ambas acciones tendría su chiste. Oposición a la prestación de un servicio público, pero ello requiere la participación de varias personas de común acuerdo, es decir, el equipo que lleva el noticiero, y además el mensaje puntual de no hacerle caso a la autoridad debería apreciarse como una oposición material. Y en el único caso en que pudiera buscarse a la par la responsabilidad de la televisora, tendría que probarse la publicación de noticias falsas, exageradas o tendeciosas que provoquen trastornos en el mercado interior. Francamente, más allá de compartir cierta indignación, no encuentro sustento jurídico para penalizar a TV Azteca, al noticiero o al presentador en cuestión. Eso sí, tampoco me conformo con pensar que las personas estamos a merced de su proceder –que si no fue calculado, corrió con mucha suerte de su lado para no caer en supuestos que acarrean responsabilidades ulteriores–. Polemizar respecto de lo que hizo Gobernación no lo veo práctico o estratégico. Y si me apresuran tendría que admitir que con un apercibimiento público lograron la meta planteada. Entonces lo que me resta es orientar los reflectores hacia las vías que tenemos disponibles las personas de a pie sin intervención de nadie más. Como audiencias tenemos derechos pero algo minimizados, si se me permite la opinión. Acaso sería interesante tratar de extender el derecho de réplica, que por regla general debe accionar la persona aludida, y volverlo en casos como el que nos ocupa un derecho colectivo que cualquiera que integre una audiencia pueda ejercer. Mayor interés me suscita plantear (una vez más) que en ciertas circunstancias el actuar de particulares puede ser considerado equivalente al de autoridad para el amparo. Con esa idea en mente vuelvo al inicio. Informar en tiempos de COVID-19 es una función primordial que le corresponde a las autoridades que nos gobiernan. Pero no solamente a ellas. Los medios de comunicación comparten esa responsabilidad y si la difusión de sus contenidos requiere de concesión, en mucho mayor medida que otras fuentes de información. Me parece que esta función compartida está prevista y regulada por normas generales o se puede determinar a partir de ellas. Lo cual me hace concluir que como en no pocas ocasiones, falta analizar el caso de Alatorre y TV Azteca con un enfoque de derechos humanos. Son particulares que han actuado en calidad de autoridades y el mensaje de no hacerle caso a la autoridad sanitaria del país en medio de la pandemia constituye una violación de derechos humanos, el de información y el de protección a la salud, cuando menos. Si alguien se anima, este caso podría ser considerado urgente para que se ordene suspender mensajes como el de aquel viernes 17, en lo que se determina el fondo.