OAXACA, Oax. (apro).- Al publicarse en el Periódico Oficial del gobierno del estado el decreto que reforma el artículo 114 constitucional, se consumó la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, (IAIP) y del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Lo anterior, pese a que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) advirtió que las modificaciones a la Constitución local podrían atentar contra la democracia e implicar violaciones a los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales.

El pasado 14 de abril, con 28 votos a favor, la LXIV Legislatura local aprobó concluir el funcionamiento del IAIP y crear el nuevo Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, para que responda de manera efectiva a la demanda ciudadana para acceder a información que es de interés público.

El decreto precisa que se trata de “un órgano autónomo, especializado, independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; con plena autonomía técnica de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Fredie Delfín Avendaño, justificó que las modificaciones al artículo 114 de la Constitución oaxaqueña no desaparecen el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, (IAIP), sino que lo transforman para garantizar el combate frontal a la corrupción.

“Es importantísimo señalar que no estamos desapareciendo, sino transformando el actual IAIP por un nuevo órgano que verdaderamente garantice el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, e incorpore el reconocimiento del buen gobierno”, puntualizó Delfín Avendaño.

Añadió: “El marco jurídico del extinto IAIP no cuenta con mecanismos administrativos ni jurídicos para sancionar el incumplimiento de las instituciones de dar acceso a la información, ni tampoco con mecanismos para que la ciudadanía pueda exigir sus derechos”.

El legislador de Morena mencionó que la reestructuración contempla integrantes y funciones del organismo autónomo --además de que amplía éstas-- y homologa los trabajos de transparencia estatales con los federales.

El nuevo “Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno” tendrá cinco integrantes, mientras que el IAIP solo tenía tres; las personas que sean designadas durarán en el cargo cinco años, sin posibilidad de reelección, y contará con un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeras y consejeros, de carácter honorífico y sin goce de sueldo.

De acuerdo con el decreto, se trata de un órgano especializado, independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.

Esta decisión legislativa generó reacciones contrarias, como la del INAI, que advirtió que “el ejercicio y la tutela de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en el estado de Oaxaca podría estar en riesgo por la desaparición del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP)”.

Los integrantes del INAI cuestionaron esta reforma porque, además de la desaparición del IAIP, no se prevé un plazo transitorio para la instauración del nuevo organismo.

Su preocupación radica en que, “además de dejar a la deriva estos dos derechos fundamentales, quedan en incertidumbre jurídica la Institución, su personal, así como la comisionada y el comisionado que integran el Pleno del órgano garante de Oaxaca”.

Además, enfatizó que no debe pasar desapercibido que los órganos garantes del país, integrados en el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), son resultado de la lucha y la exigencia social por acceder a la información del gobierno, demandar rendición de cuentas y vigilar su actuar.