CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones sociales exigieron al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, una investigación a fondo sobre dos incendios que afectaron a población callejera en una semana y que podrían formar parte de una estrategia de limpieza social. En un comunicado, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, Comenta Diálogo de Saberes y El Caracol, advierten que las deflagraciones ocurridas los días 16 y 20 de marzo colocaron “en riesgo la vida de niñas, niños callejeros y sus familias, lo que demanda tomarlo con seriedad y prioridad. Sería lamentable que las omisiones permitieran un drama más en esta ciudad”. Al recordar que “es obligación de las autoridades prevenir siniestros que pongan en riesgo a las personas y los espacios públicos donde viven”, los firmantes del comunicado resaltan que el primer incendio ocurrió el miércoles 16 en el bajo puente de La Raza, en el Circuito Interior Bicentenario con dirección a Calzada Vallejo, donde se ha asentado un grupo callejero integrado por menores y sus familias, y que tiene más de 20 años de existir. El otro evento ocurrió el domingo 20, en un espacio ubicado en la curva de Puerto Rico, en la entrada de la terminal de autobuses del sur. El grupo “tiene cerca de diez años en la zona viviendo desalojos violentos y reubicaciones por parte de las autoridades de la delegación”, destaca el comunicado. De acuerdo con el director ejecutivo de la REDIM, Juan Martín Pérez, el grupo de población callejera que se asentó en las inmediaciones de La Raza fue producto de un incendio ocurrido hace 22 años, donde murieron ocho personas. En la noche, dice, llegan a reunirse hasta 40 personas en ese lugar, Ahí “se refugian familias completas que habían podido instalar casas de cartón frente a la Unidad Vallejo y que suelen trabajar en inmediaciones de la Central Camionera del Norte, limpiando parabrisas y camiones, ayudando a viajeros con sus maletas. Después del incendio de la semana pasada, sabemos que andan rondando por la calles de la zona, buscando dónde instalarse”. En entrevista con Apro, Juan Martín Pérez asegura que el segundo grupo de Taxqueña ya había sufrido un desalojo en esa misma zona hace cuatro años, a cargo de la delegación Coyoacán. “Ahí suelen llegar unas 20 a 30 personas, algunas familias, y lo que sabemos es que ya ayer (21 de marzo) regresaron a la zona del incendio a recuperar sus cosas y a reinstalarse”. Las organizaciones afirman que los incendios son preocupantes porque “se suman a la sistemática limpieza social de grupos callejeros en la ciudad”, pese a le existencia de varias recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para atender a estos grupos vulnerables. Subrayan, asimismo, que los acontecimientos del 16 y el 20 de marzo resultan más graves “ante la ausencia de una política pública a favor de los derechos de la poblaciones callejeras en la Ciudad de México”, y hay denuncias de “limpieza social” que han sido “ratificadas” por la CDHDF en sus recomendaciones. Ante estos acontecimientos, los firmantes exigen al gobierno de Mancera Espinosa una investigación inmediata e imparcial de lo sucedido, así como un análisis de las cámaras de video-vigilancia en ambas zonas y un reporte de recorridos de la policía previos a los hechos. De igual manera, piden a las autoridades capitalinas la “localización de todas las personas de los grupos callejeros para tener evidencias de su integridad, y acciones preventivas hacia otros grupos callejeros para salvaguardar su derecho a la vida, integridad y respeto a su patrimonio”. Además, demandan la aprobación de la “Ley de Derechos Humanos e Inclusión Social de las Poblaciones Callejeras”, orientada al desarrollo de una política pública a favor de este grupo social “altamente excluido en la ciudad”, e integrar en dicha ley la creación de un protocolo único de prevención y atención de las poblaciones callejeras en casos de siniestros, emergencia y desastres naturales. También sugieren un acercamiento a los grupos y organizaciones, con el fin de que apoyen en la coordinación de acciones de prevención y atención inmediata ante cualquier amenaza a la integridad de las personas afectadas. Tras señalar que en ninguno de los siniestros se registraron lesionados, Juan Martín Pérez García insiste en la urgencia de realizar una investigación a fondo, “no solamente porque resulta muy extraño que dos grupos históricamente molestados hayan resultado afectados, sino porque la autoridad está obligada llevar a cabo acciones preventivas, y debería ubicar a otros grupos que estén en riesgo y evitar accidentes”. Afirma que las organizaciones están en estado de “alerta media”, pues durante la visita del Papa Francisco, “grupos de población callejera fueron desalojados por la fuerza de la zona de la Basílica y del aeropuerto”. Desde hace meses el gobierno capitalino ha afirmado que tiene listo un protocolo de actuación para atender a esta población vulnerable, que es desconocido por las organizaciones sociales, y “esperamos que los desalojos violentos no sean parte de este protocolo”, concluye.