CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fuga de dos internos del Reclusorio Oriente el pasado lunes puso en evidencia de nuevo la falta de coordinación y medidas de seguridad entre el gobierno de Miguel Ángel Mancera y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para controlar a los más de 40 mil presos que viven en las cárceles de la capital. Esta mañana, Patricia Mercado, secretaria de Gobierno –de la que depende el Sistema Penitenciario a cargo de Hazael Ruiz–, aseguró que en el escape de Miranda Orozco y Sánchez Ramírez fue posible por una complicidad entre custodios del Reclusorio Oriente y empleados de los juzgados 25 y 60 penales, dependientes del TSJ. “Sin especular es evidente la complicidad y la cadena de irregularidades, omisiones acciones y una posible complicidad de personas de nuestros reclusorios y de los juzgados”, dijo. En conferencia realizada desde el mismo reclusorio, la funcionaria explicó que en el último año, dichos juzgados citaron en cuatro ocasiones a ambos reos para tener diligencias judiciales. Casualmente, las citas fueron el mismo día y a la misma hora. Pero no fue todo. Las autoridades hallaron que la ropa que usaron para evadirse estaba en el archivo de los juzgados. La titular de Gobierno adelantó que estudian ofrecer recompensa a quien aporte informes para recapturar a los delincuentes fugados. Además, admitió que las víctimas que fueron secuestradas por los prófugos todavía no han sido notificadas del escape. Audiencias, “justificadas”: TSJ En la conferencia, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, anunció que el presidente del TSJ local, Edgar Elías Azar, “se comprometió” a ayudar en la investigación y a sancionar a los funcionarios involucrados en el caso. Sin embargo, al poco tiempo, el órgano judicial prácticamente se desmarcó al aclarar que la presencia en los juzgados penales 25 y 60 del Reclusorio Oriente de los reos Roberto Sánchez Ramírez y Agustín Miranda Orozco el pasado lunes “obedeció a causas plenamente justificadas y sustentadas legalmente, y que de ningún modo tuvieron el carácter de urgente”. En un comunicado detalló que la audiencia hecha en la rejilla de prácticas del Juzgado 25 Penal con el reo Sánchez Ramírez, fue “una diligencia en el marco de un nuevo proceso por el delito de secuestro agravado en contra de éste, totalmente ajeno a los procesos por los que ya está sentenciado, derivado de una orden de aprehensión girada en el año 2000”. La autoridad ministerial –añadió–, lo consignó ante el Juzgado 25 el 27 de abril de 2015, luego de que estuvo preso en otros centros penitenciarios por diferentes procesos. Sobre la audiencia en la rejilla de prácticas del Juzgado 60 con Miranda Orozco, el Tribunal explicó que fue una diligencia solicitada por el reo para demandar al juez el desahogo de un incidente con base en nuevos criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación. Dicho fenómeno, enfatizó, “se ha incrementado en los juzgados penales” del TSJ local. Incluso, destacó que ese preso estuvo el pasado lunes en la rejilla de prácticas luego de promover el pasado 19 de abril, un incidente de prescripción de la pena de prisión impuesta. En lo que pareciera un deslinde de responsabilidades, el Tribunal a cargo de Elías Azar precisó que el área por donde presuntamente escaparon los reos era del Juzgado 20 Penal. Actualmente, añadió, “es un espacio destinado a archivo en el que se acumulan expedientes concluidos, y en la que permanece una reja en desuso y cancelada, espacio cuya vigilancia y custodia en su interior corresponde a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario”. El Tribunal informó que por unanimidad, el Consejo de la Judicatura local ordenó a la Comisión de Disciplina Judicial y a la Contraloría del TSJ abrir una investigación “para determinar la existencia de probables actuaciones irregulares por parte de servidores públicos”. Piden ayuda a Interpol La Procuraduría General de Justicia local pidió ayuda a la Interpol para emitir una ficha naranja para evitar la salida del país de Agustín Miranda Orozco y Roberto Sánchez Ramírez alias El Fugas, considerados “de alta peligrosidad”. El primero estaba recluido por secuestro y el segundo ya se había escapado en 1998 del mismo penal así como del Sur en 1999. Ambos cumplían sentencias de más de 60 años. En un comunicado, la PGJ local informó que consignaría a los custodios Jesús Peña Cid y Juan Casados Gutiérrez, encargados de vigilar a los dos reos fugados, pues encontró elementos suficientes para acusarlos como probables responsables del delito de evasión de presos doloso, el cual se paga con una pena de tres a 10 años de prisión y de 100 a 350 días multa, sin derecho a fianza por ser considerado grave. La dependencia añadió que más de 20 servidores públicos de distinto nivel del Sistema Penitenciario y el TSJ han sido declarados, además de que se han hecho dos inspecciones ministeriales y solicitado cuatro dictámenes periciales en materia de química, criminalística y fotografía forense.