La CDHDF recibió 335 quejas contra granaderos en periodo de Mancera

martes, 11 de diciembre de 2018 · 21:14
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la pasada administración, la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF) recibió 335 quejas contra el cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CDMX) por tortura y uso excesivo de la fuerza, informó la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez Hernández. De ese total, detalló, 65 fueron interpuestas en lo que va del 2018. Además, 113 siguen en investigación por uso excesivo de la fuerza y no acatar los protocolos en términos del manejo de derechos humanos, es decir, tortura; mientras que 242 ya fueron concluidas. En conferencia, Nashieli Ramírez agregó que, de 2012 a la fecha, el organismo ha emitido 20 recomendaciones en contra de este cuerpo de la policía capitalina. De ese total, 13 fueron aceptadas y siete están en proceso de seguimiento. “No es menor el número de recomendaciones y además son recomendaciones multitudinarias, estamos hablando de recomendaciones como la del 1 de diciembre de 2012”, durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Por eso, añadió, los granaderos y la SSP están en los primeros lugares de la lista de dependencias capitalinas que violan los derechos humanos. Con estos números, la presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez, respaldó la decisión de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de “desaparecer” el cuerpo de granaderos, que anunció el pasado 5 de diciembre al rendir protesta por el cargo en el Congreso de la Ciudad de México. “De entrada, hay un mensaje que tiene que ver con la visión de seguridad. Los policías están para cuidarnos y no para violentarnos. Hay un mensaje importante, coincidimos es una buena decisión”, afirmó. No obstante, pidió poner atención en el proceso de modificación de dicho grupo para que sus elementos no se queden sin empleo, sino que sean reubicados. Ramírez aclaró que la policía requiere de un cuerpo de control de multitudes, para el que propuso aplicar la medida de un “supervisor externo” –como sucede en otros países– que garantice la seguridad de que se cumpla el protocolo del uso de la fuerza.

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