Una investigación imparcial sobre la matanza de Aguas Blancas, exigen a la PGR

miércoles, 17 de abril de 2002
México, DF - A siete años de registrada la matanza de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, familiares de algunas víctimas, apoyados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, presentaron una denuncia en contra del exgobernador Rubén Figueroa, puesto que el exmandatario nunca fue investigado en torno al caso y, dijeron, "persiste la impunidad" El director del Centro Pro, Edgar Cortez, dio a conocer que la familia de Climaco y Simplicio Martínez Reza, así como de Pasito Hernández, acudieron a la Procuraduría General de la República para demandar a la dependencia que realice una investigación seria y efectiva para aclarar la posible responsabilidad de Figueroa Alcocer y su gabinete en la masacre ocurrida en 1996 "Ayer se presentó una nueva denuncia sobre la matanza de Aguas Blancas en la PGR y se solicitó a esa dependencia que una subprocuraduría o fiscalía especial radicadas en la capital del país realicen una investigación imparcial, seria y efectiva, y hagan justicia a los familiares de los muertos y a los sobrevivientes de la masacre", informó, en conferencia de prensa Las familias de las víctimas, dijo, consideran que no se ha hecho justicia en torno de este asunto y que ha triunfado la impunidad, pues aun cuando el exgobernador y sus excolaboradores --Antonio Alcocer, exprocurador, y Rubén Robles Catalán, exsecretario de Gobierno-- fueron exonerados por el Congreso, el caso nunca fue investigado por la PGR Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la PGR, en años pasados, que iniciara una investigación en contra de Figueroa, pero esto nunca ocurrió Existe, además, una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pide que el caso sea atraído por la justicia federal y que la estatal actúe con energía para ejercer acción penal contra los exfuncionarios El abogado Jorge Fernández, del Centro Pro, apuntó que la denuncia se interpuso porque "persiste la impunidad" y no ha habido avance alguno en la investigación "A pesar de que hubo policías y motociclistas detenidos e investigados, no se ejercitó acción penal en su contra por todos los delitos que cometieron hubo detenidos, policías y funcionarios menores que salieron libres, no por cumplir con una condena, sino por la cadena de deficiencias con que las autoridades estatales integraron las averiguaciones, lo que les permitió ampararse", explicó Cortez, por su parte, refirió que tanto la Procuraduría estatal como la federal han demostrado su falta de voluntad para avanzar en el caso, pues han argumentado cosas sin sustento, con tal de no conocer el asunto A pesar de ello, se decidió presentar la denuncia, pues aunque existan razonamientos políticos en contra, los argumentos jurídicos a favor de profundizar en la investigación son fuertes y sobrados "Existen sobrados argumentos jurídicos que sustentan la competencia federal para conocer del tema, como la configuración de delitos de carácter federal, por lo que resulta obligatorio, jurídica y éticamente, que dicho órgano de procuración de justicia inicie la averiguación correspondiente", dijo el sacerdote jesuita En el texto entregado a la PGR se insiste en que la masacre estuvo "planeada", y la hipótesis se sustenta "en el video y en que hay constancia de que dos días antes de la matanza se integraron ?al vapor? denuncias contra los principales líderes de la OCSS; se obligó a los presuntos afectados a firmar las quejas, por órdenes de Figueroa, según nos dijeron, y se liberaron el 27 de junio de 1995 las órdenes de aprehensión, por lo que el operativo del 28, en el que participaron agentes del MP con todo y máquinas de escribir, no era más que un operativo de detención de dirigentes, y los policías tenían la orden de accionar las armas si las cosas se complicaban" Incluye como delitos presumibles el homicidio, lesiones, abuso de autoridad, uso indebido de armas otorgadas a los estados y municipios, y "se deja abierto el análisis a la dependencia, para que incluya los demás ilícitos que resulten, así como los presuntos responsables que tendrían que responder por ellos, además de los que nosotros ya mencionamos" En lo referente a la reparación del daño, Fernández advirtió que "en esta denuncia no se menciona, sino que la base es que los familiares tengan acceso a la justicia, pero en el transcurso del proceso se podría trabajar el asunto de la indemnización, para lo que será necesario recurrir a los parámetros que tiene la CIDH" El abogado del Pro reconoció que la demanda corre el riesgo de que la investigación se remita a la delegación de la PGR, como ocurrió con la denuncia interpuesta por Marino Sánchez e Hilario Mesino, y que hasta el momento está congelada "En prevención a esta situación, pedimos a la PGR que garantice los medios necesarios para que sean investigadores --de las oficinas centrales de la dependencia-- quienes hagan las investigaciones, así como evitar que haya influencias de tipo político, o de otra índole, que eviten que las indagaciones avancen" También hacen un llamado al titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, para que tome en cuenta las recientes declaraciones del fiscal especial para la investigación de crímenes cometidos en la guerra sucia, en el sentido de que la Procuraduría estaría facultada para realizar actuaciones y esclarecer casos como las matanzas de Acteal y Aguas Blancas Si la PGR se empeña en regresar el caso al gobierno de Guerrero, o si deja en manos de la delegación local la investigación, no nos va a quedar otra opción que enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el gobierno de Fox quedaría en evidencia como el representante de un país en el que el Estado es el responsable de que los ciudadanos no puedan acceder a la justicia", sentenció Finalmente, el abogado consideró que la mejor muestra que podría dar el gobierno de Fox sobre la congruencia en sus palabras es que "en este caso haya una investigación expedita, independiente y profesional, con el ejercicio de la acción penal en contra de aquellos funcionarios que en mayor o en menor medida planearon y ejecutaron la matanza de Aguas Blancas, la debida reparación del daño y el establecimiento adecuado de las medidas para no repetir los hechos Todos ellos serían indicadores mínimos para que este gobierno tenga credibilidad en materia de derechos humanos"16/04/02

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