México, D F (apro)- El Comité Ejecutivo General y las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) denunciaron el jueves que la actitud del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, "muestra que el caso Pemex tiene una intención política que avasalla el Estado de derecho, y que nuestros dirigentes son perseguidos políticos", pues el funcionario calificó de criminales las acciones de estos últimos sin que mediara la sentencia de un juez Fue una declaración desafortunada, sostuvieron, "porque tal cuestión sólo el Poder Judicial puede determinarla, y no el Ejecutivo, que carece de la facultad de calificar a nuestros dirigentes de criminales, y porque esa afirmación del secretario de Gobernación coloca a nuestros líderes en el prejuicio público y propicia su linchamiento social" Solicitaron, así mismo, un mayor interés del presidente Vicente Fox "en las negociaciones salariales con Petróleos Mexicanos, para encontrar una pronta solución", ya que la empresa no ha dado respuesta aceptable ni ha habido plática alguna que modifique su postura inicial y la del gobierno En conferencia de prensa, Fernando Navarrete Pérez, secretario de difusión y propaganda del STPRM, leyó un par de comunicados, en donde fijan la posición de la organización respecto de la solicitud de desafuero de la PGR, las negociaciones laborales con Pemex y la actitud del secretario de Gobernación Navarrete Pérez sólo se concretó a leer los documentos y no admitió sesión de preguntas y respuestas En el primer comunicado, dirigido a Fox, aseguran que las negociaciones con Pemex para conjurar la huelga para el 2 de octubre no avanzan Las autoridades, sostienen, "no quieren reconocer que no han cumplido la obligación de dar vivienda a los trabajadores desde hace diez años, ni atender los reclamos por el deterioro de los servicios médicos, ni hacer algo para impedir la desaparición de la flota petrolera de Pemex" Pero sobre todo, dicen, no es entendible la negativa de incrementar la propuesta de aumento salarial de 55 por ciento, cuando las cifras de productividad de Pemex señalan un indiscutible avance Sostienen también que el Convenio Internacional 87, relativo a la Libertad y Autonomía Sindical, adoptado el 19 de julio de 1948 por la OIT y suscrito el 4 de julio de 1950 por nuestro país, consagra "la autonomía en el ejercicio de su negociación colectiva y en el manejo de su patrimonio, y por ello ninguna autoridad puede intervenir para impedir su ejercicio" Por tanto, señalan, "resulta inconcebible que se insista en que el Ministerio Público se inmiscuya en una negociación obrero-patronal, y pretenda convertir selectivamente en un asunto penal lo que a todas luces representa una negociación laboral" En el segundo comunicado, dirigido a la CNDH, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a la Organización Internacional del Trabajo, el STPRM y las secciones sindicales se refieren a las declaraciones que el jueves emitió ante la televisión el secretario de Gobernación, quien sostuvo que estaba muy claro que la causa que se sigue en contra de personas en lo particular no es en contra del sindicato, ni es una cuestión de índole laboral, sino estrictamente criminal, penal La organización sindical consideró que esa declaración es absolutamente desafortunada12/09/02