Colima, Col (apro)- Después de sufrir varias derrotas en el terreno judicial, el gobernador Fernando Moreno Peña “dobló las manos” frente a un conflicto jurídico que ya se había prolongado por más de cuatro años y, en un hecho que causó polémica, decidió jubilar con ciento por ciento de su salario a dos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, a quienes infructuosamente había intentado remover de sus puestos desde finales de 1997 De acuerdo con los dictámenes aprobados ayer en el Congreso local por la fracción priista y el diputado del Partido del Trabajo (PT), con el voto en contra de los legisladores de Acción Nacional (PAN) y del PRD, los magistrados Enrique de Jesús Ocón Heredia y José de Jesús Rentería Núñez recibirán, cada uno, pensión vitalicia por jubilación de 56 mil 287 pesos mensuales Diputados panistas y perredistas denunciaron que en el procedimiento de jubilación se cometieron una serie de irregularidades, pues a su juicio los magistrados no cumplen los requisitos formales de antigüedad en el servicio público para acceder al beneficio laboral que les fue otorgado En consecuencia, el perredista Armando de la Mora Morfín, anunció en la tribuna legislativa que se reserva el derecho de promover un juicio de responsabilidad, por el delito de coalición de servidores públicos en perjuicio del erario A su vez, el legislador panista Antonio Morales de la Peña señaló, en entrevista, que el mandatario estatal, al promover la jubilación de Ocón y Rentería, actuó con criterio político electoral, con el fin de evitar otro revés judicial que podría afectar a su partido en plena campaña electoral por la gubernatura El conflicto de poderes se inició en los primeros días del sexenio que está por concluir, cuando el 6 de noviembre de 1997, el gobernador entrante, Moreno Peña, envió al Congreso los nombramientos de los nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, en donde ratificaba a dos de los que estuvieron en el sexenio anterior y planteaba la sustitución de cinco En esa ocasión, la divergencia de criterios entre las fuerzas políticas de la Legislatura, que se encontraba empatada entre PRI y oposición, “empantanó” el asunto, por lo que el jefe del Ejecutivo promovió una controversia constitucional que ganó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en octubre de 1998, por lo que el Congreso se vio obligado a tomar protesta a los nuevos magistrados En respuesta, los cinco magistrados salientes, Carlos Macías Becerril, Jorge Magaña Tejeda, Yolanda Macías García, Enrique de Jesús Ocón Heredia y José de Jesús Rentería Núñez interpusieron juicios de amparo contra los poderes Ejecutivo y Legislativo, al considerar que incumplieron la obligación de emitir un informe fundado y justificado sobre las razones que impidieron que se les ratificara en sus cargos Este argumento fue fundado en una resolución previa de la Suprema Corte, que meses antes había interpretado en ese sentido el artículo 116 constitucional y amparado al magistrado michoacano Fernando Arreola Vega en condiciones similares, conforme al expediente 2639/96, quien tuvo que ser reinstalado en su cargo Ese criterio de la SCJN, publicado en abril de 1998 en el “Semanario Judicial de la Federación”, señala que con el propósito de salvaguardar los principios de excelencia, profesionalismo, independencia y carrera del Poder Judicial en las entidades federativas, antes de concluir el periodo de los magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, debe emitirse un dictamen de evaluación fundado y motivado sobre la actuación ética y profesional de los juzgadores, para determinar si deben continuar en el cargo o ser sustituidos Con base en este criterio, exactamente dos años después, en octubre de 2000, la SCJN dio la razón a los cinco magistrados, y ordenó a los poderes Ejecutivo y Legislativo la reinstalación de los funcionarios en sus cargos, el pago de los salarios caídos no devengados en ese periodo; además de que al cumplir los seis años de su periodo, se repusiera el procedimiento, a través de la emisión de un informe fundado y justificado con argumentos que avalen o rechacen su ratificación en los cargos que ocupaban En el caso de Macías Becerril, la SCJN lo declaró inamovible, mientras que Magaña Tejeda y Macías García no cumplían todavía los seis años correspondientes a su periodo Por lo tanto, poco después de la reinstalación, Moreno Peña sólo promovió ante el Congreso, a través de un informe, cesar a sus funciones a Enrique de Jesús Ocón y José de Jesús Rentería Los argumentos giraron en torno a su presunta mala actuación en algunas sentencias a su cargo, además que fueron señalados como corresponsables de haber dispuesto indebidamente de recursos generados en la función pública jurisdiccional, de 432 mil pesos, por concepto de bonos y estímulos extraordinarios a los magistrados, independientemente de sus salarios normales Después de esa nueva remoción, ambos magistrados solicitaron otra vez el respaldo de la justicia federal bajo los argumentos de que el informe justificado enviado por el jefe del Ejecutivo al Congreso no fue refrendado con la firma del secretario general de Gobierno, como lo ordenan las leyes, además que en la elaboración del dictamen que los separó nuevamente del cargo, no se respetó su derecho de audiencia y legalidad, porque no fueron escuchadas sus razones frente a los señalamientos en su contra En mayo de 2002, el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, con sede en Guadalajara, concedió otro amparo a Rentería Núñez, debido a la omisión de la firma del secretario de Gobierno en el dictamen de la destitución del magistrado, y ordenó pagarle los salarios caídos desde noviembre de 2000 a esa fecha, que equivalían aproximadamente a un millón 400 mil pesos En acatamiento de esa nueva disposición judicial, el martes 14 de mayo Rentería Núñez fue reinstalado en su cargo, pero al día siguiente fue destituido otra vez, prácticamente bajo los mismos argumentos del dictamen de finales de 2000, pero con la corrección del error derivado de la omisión de la firma del secretario de Gobierno A mediados de febrero, el Tribunal Colegiado concedió el amparo de la justicia federal, en los mismos términos que a Rentería, al magistrado Ocón Heredia, y de la misma manera, ordenó su reinstalación y el pago de salarios caídos, que esta vez sumaban cerca de dos millones de pesos Cuando se esperaba un nuevo intento de destitución del magistrado Ocón de parte del jefe del Ejecutivo, como lo había hecho en mayo con Jesús Rentería, lo que Moreno Peña envió al Congreso local fue la propuesta de jubilación de ambos magistrados, lo que después de la aprobación de parte del Legislativo, pone fin al conflicto judicial 07/03/03