* Fox intenta que el resolutivo sobre los seis vascos detenidos en 2003 sea “a modo” del juez Garzón México, D F, 22 de julio (apro)- Tras denunciar el sometimiento del Estado mexicano para con el gobierno español, la abogada Bárbara Zamora afirmó que aunque jurídicamente se tiene ganado que no sean extraditados los seis vascos detenidos desde el pasado 18 de julio de 2003, políticamente el gobierno de Vicente Fox ha hecho todo para que el resolutivo final sea a “modo y capricho” del juez Baltasar Garzón Para la litigante, el caso de los vascos en huelga de hambre desde hace 15 días en el Reclusorio Norte, sólo ha evidenciado el tráfico de influencia al más alto nivel avalado por el Ejecutivo federal que, a través de la PGR, le ha brindado todo tipo de facilidades a las autoridades españolas para manejar a su modo el proceso de extradición, aun por encima de la misma Constitución Política Mexicana Al enumerar las irregularidades en la detención y el procedimiento de extradición de Ricardo Ernesto Sáez García, María Asunción Gorrochategui, Félix Salustiano García Rivera, Luis Castañeda Vallejo, Asier Arronategui Duralede y Juan Carlos Artola Díaz, la licenciada Zamora precisó que las anomalías se dan desde la misma detención inconstitucional de los cinco ciudadanos vascos de nacionalidad española y de uno de nacionalidad mexicana, que fueron capturados en operativos simultáneos registrados en diversos puntos del país y en España, junto con tres ciudadanos mexicanos y uno de nacionalidad española El operativo se produjo el 18 de julio del 2003 Las policías española y mexicana lograron la detención de 10 personas (9 en México y 1 en el país Vasco, acusados de tener relación con la organización Euskadi eta Askatasuna (ETA) El juez instructor en el Estado español, imputa a estas personas cuatro delitos: asociación ilícita e integración en organización terrorista; allegamiento de fondos con fines terroristas; blanqueo de capitales procedente de actividades terroristas, y falsedad documental La licenciada Zamora precisó que la petición de la embajadora Cristina Barrios, con fecha del 16 de julio de 2003, apuntó que existía un auto de detención en contra de los seis vascos, dictado por el juez Baltasar Garzón Pero tal afirmación era falsa El ordenamiento del juez Garzón fue dictado hasta el día 24 de julio Lo que puso al descubierto que los inculpados fueron detenidos sin que existiera un auto de detención, requisito indispensable para que la embajadora pudiera formular la solicitud de extradición En los hechos, las autoridades mexicanas (SRE y PGR) se confabularon para agilizar y ejecutar las órdenes de aprehensión, dijo Barbara Zamora Mencionó que el 16 de julio del 2003, fecha en que la embajadora Cristina Barrios presentó la solicitud formal de extradición, ese mismo día la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría emitieron los oficios correspondientes para atender la solicitud de la embajadora Contrario a la pasividad mostrada en múltiples casos, la PGR en menos de 24 horas solicitó a un juez un auto de detención provisional y detuvo a los vascos El 17 de julio solicitó al juez César Flores librara la orden de aprehensión provisional y el 18 el juez la otorgó sin reparos Tal fue la celeridad que el mismo 18 de julio fueron detenidos simultáneamente los 6 vascos reclamados (dos en Oaxaca, uno en Monterrey, otro en Puebla, uno más en Cancún y un último en el Estado de México, entre las 9:30 y las 10:30 horas Lo que parece absurdo para la licenciada Bárbara Zamora es que si el juzgado se abre a las 9:00 de la mañana, resulta prácticamente imposible que a las 9:30 ya estuviera el auto de detención en los cinco estados de la República Dijo que esto pone en evidencia que las detenciones se realizaron sin las órdenes de detención correspondientes Pero más allá del sin número de irregularidades detectadas a lo largo de casi un año que lleva el juicio, Bárbara Zamora sostuvo que los ciudadanos vascos se encuentra en estos momentos en la indefensión total al quedar a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en su calidad de autoridad administrativa deberá hacer un análisis jurídico de todo el expediente para resolver si concede o no la extradición, a más tardar en la primera semana de agosto Las violaciones constitucionales, que a juicio de la abogada se han registrado en contra de los vascos detenidos son la garantía de igualdad ante la ley, la de legalidad y la seguridad jurídica, previstas en la Constitución Precisó que tanto el tratado de Extradición como la Ley de Extradición contienen graves violaciones a la Constitución y en concreto a las garantías más elementales, las cuales están restringidas y en algunos casos anulados por diversos artículos de estos instrumentos internacionales Un ejemplo de esta situación es el hecho de que los presos vascos que cumplen hoy 15 días de en huelga de hambre, están a disposición de la Cancillería, de la cual depende su libertad Lo grave es que es que a nadie se le puede privar de la libertad si no es con mandato judicial, y el secretario Derbez es una autoridad administrativa y no un juez Por ese simple hecho, carece de facultades constitucionales para retener en prisión a los vascos, dijo la licenciada Zamora Durante los últimos 8 años, con base en estos lineamientos legales, al menos 25 vascos han sido expulsados