México, D F, 8 de septiembre (apro)- El gobierno de Luis Echeverría adoptó en 1973 una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la no prescripción de los crímenes contra la humanidad, por lo que México está comprometido a investigar esos delitos sin importar el lugar y el tiempo en que ocurrieron, informó el fiscal especial de la Audiencia Nacional Española, Carlos Castresana Instructor de la persecución judicial del exdictador chileno Augusto Pinochet en España por crímenes contra la humanidad y comisionado de Naciones Unidas para investigar la “guerra sucia” en Guatemala, el fiscal precisó que se trata de la resolución 3074 de la Asamblea General de la ONU en la que los estados se comprometieron también a no establecer medidas legislativas o de otro tipo en menoscabo de la obligación internacional de investigar esos delitos, entre ellos el de genocidio El 23 de julio pasado, el fiscal especial que investiga los delitos sobre el pasado, Ignacio Carrillo Prieto consignó al propio expresidente Echeverría y a una docena de exfuncionarios civiles y militares por su responsabilidad en la masacre de estudiantes del 10 de junio de 1971, cometida por el grupo paramilitar de “Los Halcones” De acuerdo con la resolución, el genocidio debe ser perseguido en los tribunales nacionales a partir de los criterios del derecho internacional sobre la jurisdicción universal de la protección de los derechos humanos y el de la no prescripción para perseguirlos judicialmente, explicó el abogado este miércoles durante un foro sobre genocidio y prescripción realizado por el PRD en el Senado de la República Agregó que México es también firmante del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, el cual en su artículo XV establece que prevalece el derecho internacional sobre el nacional en el caso de que estén confrontados ante violaciones a los derechos humanos Ese instrumento internacional fue uno de los argumentos que utilizó Carrillo Prieto para consignar ante la justicia el expediente del 10 de junio de 1971 La Supema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver en las próximas semanas si atrae el expediente de “Los Halcones” como se lo solicitó la Procuraduría General de la República, luego de que el Juzgado Segundo en Materia Penal radicado en el Distrito Federal rechazó otorgar las órdenes de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especial sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) Otra obligación internacional de México, dijo el también comisionado especial de la ONU para el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, es la que asumió al firmar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que también prevé la sanción de crímenes contra la humanidad En caso de que los responsables de la “guerra sucia” en México no sean procesados, dijo Castresana, el país estaría violando los compromisos internacionales básicos sobre la protección de los derechos humanos El primer deber fundamental es proteger esos derechos y el segundo, asegurarlos “Los Estados infringen el primero cuando servidores públicos cometen violaciones a los derechos humanos y violan el segundo cuando no garantizan a las víctimas la tutela judicial”, explicó Castresana consideró que los procesos judiciales por la “guerra sucia” se pueden emprender a pesar de la declaración interpretativa hecha por el gobierno de Vicente Fox cuando suscribió la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Crímenes de Lesa Humanidad Al adherir a México a ese instrumento, el gobierno de Fox –con el aval del Senado– advirtió que esa convención aplicaría sólo para los crímenes cometidos a partir de su entrada en vigor en México, lo que ocurrió en marzo de 2002 Los tribunales mexicanos pueden considerarla como no puesta esa reserva interpretativa, pues la observación del gobierno –que no es una reserva– va contra la esencia de la Convención, dijo Sobre la comisión de la verdad sugerida recientemente por Vicente Fox para el caso de que la Suprema Corte resuelva la prescripción de los delitos de la “guerra sucia”, el fiscal señaló que las comisiones de esclarecimiento histórico deben evaluarse con independencia del proceso judicial y sus resultados “Ninguna medida de gracia, como la amnistía, puede adoptarse sin el previo conocimiento de lo que sucedió”, afirmó