* En una carta al Ejecutivo le exponen la situación de los derechos humanos en la entidad Oaxaca, Oax , 4 de agosto (apro)- El Colectivo por la Democracia entregó una carta al presidente Vicente Fox Quesada; al secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, y al presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, un documento sobre la situación de los derechos humanos en Oaxaca, en el que advierten que "se ha llegado a extremos de alta gravedad, y se perfila de manera delicada a condiciones que colocan en serio riesgo la convivencia pacífica, la gobernabilidad y el orden institucional en la entidad" Y mientras los integrantes de 24 organizaciones agrupadas en el Colectivo por la Democracia hacían entrega de este documento en Los Pinos, en la capital de Oaxaca se conformaba el Frente Civil por la Defensa del Estado de Derecho, la Democracia y la Paz con Justicia Social El frente aglutina a 34 organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil, y los integrantes del mismo expresaron su voluntad, decisión y compromiso de "unirnos en un frente amplio y plural, desde el cual hacer un llamado a toda la sociedad oaxaqueña a defender nuestros derechos y libertades, los cales están siendo vulnerados por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz" Resaltaron que aunque el gobernador ofreció un diálogo abierto de cara a la ciudadanía, los primeros ocho meses de su administración se han caracterizado por: la represión a movimientos sociales, la persecución y encarcelamiento de líderes; ataques a la libertad de expresión, mentiras y fraudes electorales; violencia cotidiana y la represión particularizada a quienes son o piensan diferente; la falta de diálogo, conciliación y paz social; la ausencia de transparencia en el manejo de los recursos públicos, y en la ausencia de acciones concretas para erradicar la violencia contra las mujeres y su expresión más grave, los asesinatos En el mismo acto, se dio a conocer que la integrante del Patronato Pro Defensa de los Recursos Naturales y Culturales de Oaxaca y secretaria técnica de la asociación civil Mujer Libre, Aline Castellanos Jurado, presentó ante la agencia del Ministerio Público del Centro una denuncia penal, la 1110, por el delito de robo, el cual se perpetró mientras participaba en el Foro por la Defensa de los Derechos Humanos, que se realizó en el Senado de la República Lo curioso del caso es que los delincuentes sólo se robaron de su domicilio el CPU de su computadora, lo que significa que no es un hurto común, sino que se trata de una acción de hostigamiento a los activistas que están denunciando lo que pasa en el estado de Oaxaca El ataque a la libertad de expresión se sustenta en el asalto a las bodegas de papel y tinta del periódico Noticias, así como el secuestro de 31 trabajadores y la irrupción violenta a las instalaciones de este diario, bajo el pretexto de una huelga promovida por personas ajenas a la empresa, seguido del acoso de la policía a los voceadores independientes por distribuir el impreso, y constituye una de las más fuertes afrentas a la libertad de expresión En cuanto a la detención ilegal de líderes sociales y políticos, se destacó que el número de presos políticos de este gobierno es aún incalculable, por mencionar algunos de ellos: de la organización CIPO detuvieron, en los desalojos de diciembre pasado, a 23 personas; de la organización COMPA, a raíz del conflicto en el municipio de Santiago Xanica, fueron detenidas 7 personas; por el Movimiento Ciudadano Juquileño, en el violento desalojo del palacio municipal, fueron detenidas 69 personas; del municipio de San Juan Lalana, quienes realizaron una marcha caravana a la ciudad de Oaxaca, demandando respeto a sus derechos políticos, se detuvo a 19 personas; del Frente Popular Revolucionario (FPR) detuvieron a 5 personas; del Frente Único Huautleco y del municipio de Mazatlán Villa de Flores detuvieron a una persona, respectivamente En cuanto a los derechos políticos y de libre elección, mencionan que en lo que va del sexenio se han constituido cinco ayuntamientos populares, ya que al no respetarse su derecho a la libre elección, estos municipios no han tenido más salida que constituir a sus propias autoridades al margen de las instituciones del estado Estos ayuntamientos son: Jalapa del Marqués, San Blas Atempa, Santa Catarina Juquila, San Juan Lalana y Mazatlán Villa de Flores, municipios donde se han suscitado violentos desalojos y acciones de fuerza por parte del Estado Respecto de los conflictos agrarios y derechos territoriales, precisaron que es de sobra conocido que en Oaxaca persiste un alto número de conflictos agrarios Desde hace unos años se ha establecido una cifra histórica de 600 conflictos territoriales, y de ellos el 10 % han sido considerados de alta intensidad Sin embargo, en lo que va de la presente administración los conflictos de territorio han derivado en enfrentamientos y emboscadas en las regiones Sierra Sur, Mixteca, Costa y Papaloapan; hasta el momento se cuenta en estas zonas con al menos siete muertos, siete heridos, 60 familias desalojadas y cinco casas incendiadas En este contexto es importante mencionar el reciente conflicto surgido entre las comunidades de Santa Cruz Nundaco y San Isidro Vista Hermosa, situación que arrojó tres heridos y 38 retenidos, entre ellos 16 niños En cuanto a los ataques a la Iglesia católica, precisaron que tan sólo en los primeros doscientos días de gobierno se han perpetrado 14 asaltos a templos, con el consecuente robo de arte sacro, además a éstos se suma la muy reciente profanación a la Catedral Metropolitana Lo más grave de estos ataques representa el asalto al Santuario de Santa Catarina Juquila y el secuestro del padre Alberto Pacheco, a manos de desconocidos Por lo que se refiere a crímenes contra mujeres, destacaron que durante el año pasado se registraron en el estado 46 crímenes contra ellas, situación que colocó a la entidad en un nada honroso tercer lugar nacional, en cuanto a la alta incidencia de mujeres asesinadas, y en el transcurso de la actual administración se han sucedido 14 crímenes contra ellas De igual forma, resaltaron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca atraviesa por una situación de falta de credibilidad, ya que el reciente nombramiento de su titular, Jaime Mario Pérez Jiménez, colocó en entredicho la voluntad del gobierno estatal de contribuir en la consolidación de instituciones autónomas en la materia "Frente a todo esto consideramos que es urgente la intervención del gobierno federal a través de sus instancias correspondientes, y de acuerdo con sus atribuciones y competencias", puntualizó el Colectivo por la Democracia