* Los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera exponen reporte del Frayba * Persisten tortura, detenciones arbitrarias y acciones contra ONG Tuxtla Gutiérrez, Chis , 19 de abril (apro)- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dijo hoy que la tortura en Chiapas sigue siendo método de investigación de los cuerpos policiacos; que los órganos encargados de procurar y administrar justicia protegen a responsables de violaciones graves a derechos humanos, y que el sistema de justicia se subordina a intereses políticos, al aplicar ésta de manera discrecional y bajo consigna "En 2005 se comprueba que el sistema de justicia se vacía de sentido y contradice los principios democráticos, que prevalece una lógica de gobierno parcial y represiva, que el reconocimiento de derechos humanos ya conquistados sufre una regresión y que la desigualdad económica tiende a incrementarse", mencionó Al dar a conocer su Balance Anual 2005 sobre los derechos humanos en Chiapas, el Frayba expuso hoy que durante el año anterior recibieron 620 denuncias directas, y una de ellas concentra 90 quejas individuales y colectivas de afectados y desplazados por el huracán Stan Así mismo, continuó el litigio de 19 casos de años anteriores, y se asumieron dos más por tortura y una por violaciones al derecho a la tierra Y que todos estos procesos de litigio se llevan en los ámbitos estatal, federal e internacional El documento, dijo hoy la titular del Frayba, Blanca Martínez Bustos, pretende hacer un balance de la situación de los derechos humanos en Chiapas y del quehacer de este organismo en el 2005, a partir de los ejes estratégicos institucionales: derecho a la justicia, seguimiento al conflicto armado y derechos de los pueblos indígenas, particularmente la garantía al territorio El informe que presentaron hoy el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, y su exobispo coadjutor, ahora obispo de Torreón, Coahuila, Raúl Vera López, refiere casos de tortura, detenciones arbitrarias, operativos policiacos en contra de organizaciones que demandan derechos, reformas que deterioran aún más el marco de protección de derechos fundamentales y facilitan el saqueo de los territorios indígenas "La impunidad, la continuación de la ocupación militar y la falta de atención a los efectos de un conflicto que lleva doce años, además de la incapacidad gubernamental para atender el desastre provocado por el huracán Stan, fueron los signos de 2005, y continúan como escenario para las contiendas electorales del 2006, donde se probará, ahora sí, la capacidad del Estado para asumir la responsabilidad de la democracia", refiere el documento Martínez Bustos señaló que este balance pretende dar cuenta de estos temas: "Nuestro objetivo es que el pueblo organizado fortalezca su lucha, y el lector preocupado por la evolución de los derechos humanos en Chiapas tenga elementos para juzgar por sí mismo los posibles escenarios a futuro" "Nos alimenta la esperanza de aportar y ser testigos de los procesos de las organizaciones y de las víctimas en su lucha por sus derechos, y la solidaridad de los pueblos de todo el mundo a través de su presencia física o en la distancia con estas causas", apuntó El Centro Las Casas es una organización civil que tiene como objetivos la promoción y la defensa de los derechos humanos, dando preferencia a las víctimas que se encuentran marginadas por su pobreza o por su condición Dijo que la misión del Frayba es caminar al lado y al servicio del pueblo pobre, excluido y organizado que busca superar la situación socio-económica y política en que vive, tomando de él dirección y fuerza para contribuir en su proyecto de construcción de una sociedad donde las personas y comunidades ejerzan y disfruten todos sus derechos a plenitud El Frayba documentó la situación de derechos humanos en Chiapas, con énfasis en los temas de ejecución, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y desplazamiento forzado Además, se ha dedicado a promover el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas, desde su derecho a la tierra y territorio, sistemas normativos propios y ejercicio de gobierno Da seguimiento a la evolución del conflicto armado interno en Chiapas, acompaña procesos organizativos de base, que luchan por el respeto a las libertades individuales y colectivas, que permitan consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos "Si bien se han realizado reformas al Código Penal y a otras leyes secundarias, además de crearse organismos gubernamentales para vigilar el respeto a los derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General Adjunta de Servicios a la Comunidad de Derechos Humanos, Fiscalía Especializada para Delitos de Servidores Públicos, la Dirección de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos Humanos, esto ha sido insuficiente para cambiar las prácticas violatorias de derechos por parte de funcionarios y servidores públicos", denuncia el Frayba Señala que la tortura continúa siendo una realidad en Chiapas, y que mientras los funcionarios sigan practicándola, seguirá tipificándose como abuso de autoridad, lesiones y brutalidad policiaca "Mientras la autoridad investigadora esté vinculada y pertenezca al mismo órgano del que dependen los presuntos perpetradores, las investigaciones seguirán siendo señaladas como parciales, e incluso omisas y negligentes Estos hechos alimentan la impunidad institucionalizada en nuestro estado, situación que se propicia desde el mismo sistema de procuración y administración de justicia", explica Tras varios casos a los que han dado seguimiento, han llegado a la conclusión de que, en Chiapas, la tortura es método de investigación a aplicarse contra los ciudadanos; que los órganos encargados de procurar y administrar justicia protegen a responsables de violaciones graves a derechos humanos, y que las leyes se reforman para restringir las libertades fundamentales, como la de expresión Justicia de consigna Dice el Frayba que el sistema de justicia se subordina a intereses políticos, aplicando la justicia de manera discrecional y bajo consigna; que el gobierno negocia con grupos criminales identificados como paramilitares, y a la vez desconoce y niega a las víctimas de las acciones de éstos; que usa la fuerza pública para reprimir a los movimientos sociales, amenaza, persigue y encarcela a activistas sociales Concluye también que el gobierno federal utiliza al Ejército en contra de la población, a través de la ocupación militar, la estrategia contrainsurgente, los crímenes de lesa humanidad y la impunidad de la que gozan los perpetradores; que se reforman las leyes eliminando garantías sociales de protección a los campesinos; que existe una tendencia a ampliar los marcos jurídicos para legalizar el despojo de las tierras y recursos de los pueblos indígenas, y que se culpa y desprecia a las víctimas del huracán Stan, y que las responsabilidades de Estado, el gobierno las convierte en caridad "En 2005 se comprueba que el sistema de justicia se vacía de sentido y contradice los principios democráticos, que prevalece una lógica de gobierno parcial y represiva, que el reconocimiento de derechos humanos ya conquistados, sufre una regresión, y que la desigualdad económica tiende a incrementarse", menciona Pero en contraste, el Frayba documentó que se ha fortalecido la lucha de los más vulnerados, que "las mujeres se atreven hablar y denunciar, que los que nada tienen hacen gala de generosidad, que los desplazados siguen luchando por que la justicia sea una realidad, que se abren espacios para intercambiar experiencias y fortalecer las luchas del pueblo organizado, y que la solidaridad alimenta la esperanza "Lo que nos lleva a concluir que el Estado mexicano no transita a la democracia, pero que desde los desposeídos y excluidos, que son los más vulnerados en sus derechos, se abren perspectivas para la igualdad, la justicia y libertad, que son la razón de ser de los derechos humanos", explica en su parte final