* Los cambios limitarían recursos y presencia del sol azteca en la próxima Legislatura Mérida, Yuc , 26 de mayo (apro)- Luego de la aprobación de la reforma electoral en el Congreso local, que prevé la supresión del Consejo Electoral y sus siete integrantes, la directiva nacional del PRD evalúa sanciones que aplicará a sus dos diputados, que desatendieron la orden de votar en contra de ese precepto, ya que su aplicación afectaría la presencia política y económica del sol azteca Eduardo Sobrino Sierra y Alejandro Cuevas Mena, a pesar que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido les ordenó votaran en contra de la reforma electoral, ellos hicieron caso omiso, por lo que ahora la dirigencia nacional perredista estudia el caso y podría aplicarles sanciones por el desacato Fue así que desde la capital del país se envió un documento en que se les hizo ver a los dos perredistas las consecuencias negativas de esa reforma, como el hecho de un recorte de recursos al partido, y la posibilidad de que tengan menos diputados en la próxima Legislatura si las preferencias electorales no son las esperadas Mientras tanto, los consejeros electorales, ahora en su papel de "depositarios" de los bienes del Instituto Electoral del Estado (IEEY), reiteraron que agotarán las instancias legales para demostrar que los diputados yucatecos violaron la Constitución, al aplicarles de manera retroactiva una ley que los deja fuera de ese órgano electoral La ahora expresidenta del Consejo Electoral, Rosana Rivera Palmera, declaró que no acepta ser "depositaria" de los bienes del órgano electoral y que seguirá inmediatamente el camino legal "No quiero cobrar ni un peso como depositaria", dijo Rivera Palmera "Estoy tranquila, sé que voy a ganar, y si no quieren pagarme mi salario de casi un mes, no me preocupa", acotó Por la mañana, el secretario técnico, Hernán Vega Burgos, hizo declaraciones a la televisión oficial, en la que acepta complaciente la investidura de depositario, y asumirá el papel que le correspondía a Rivera Palmero Se hará cargo de los trámites y papeleos y pagos de personal En tanto, Rivera Palmero anunció que en las próximas horas presentará un amparo para iniciar en Yucatán la guerra jurídica, que podría tener alcances nacionales, como sucedió con el "desacato" en enero de 2001, ya que serán los tribunales competentes los que calificarán de nuevo los actos del Poder Legislativo yucateco En ese entonces, el Congreso local --que presidía la priista Mirna Hoyos Schlame-- designó a un Consejo apartándose de las normas jurídicas, lo que motivó que el PRD promoviera un recurso de inconstitucional y que, finalmente, le fue favorable Es decir, el TEPJF ordenó disolver ese nombramiento y, al no hacerlo, el órgano federal nombró a un Consejo sustituto, lo que degeneró en dos organismos instalados en un solo espacio, y que pusieron en entredicho la legalidad en materia electoral en Yucatán En este caso, las reformas constitucionales en materia legal --Decreto 677? suprimen al Consejo, y sus integrantes, encabezados por Rivera Palmera, acudirán a las autoridades federales para que les restituyan sus derechos, basados en el artículo 14 de la Constitución, que indica que una ley no puede ser retroactiva, ya que ellos deberían dejar el cargo hasta el 2010