* Se bloqueó la rendición de cuentas en el manejo de recursos aduaneros: diputada Guerra México, D F, 15 de agosto (apro)- La diputada federal priista, Marcela Guerra, calificó hoy de "un triunfo de la impunidad" el golpe asestado ayer por la Suprema Corte a San Lázaro La legisladora criticó abiertamente la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en un litigio por el manejo de recursos de trámites aduaneros "Es un golpe al Congreso, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la fiscalización, a la transparencia y a la rendición de cuentas; es una reversa, un triunfo de la impunidad" Ayer, ante la sorpresa de propios y extraños, el pleno del máximo tribunal resolvió, por ocho votos contra tres, que la ASF carecía de facultades para fiscalizar los recursos concentrados en el ya extinto Fideicomiso Aduanas Uno, pues se trataba de fondos privados, destinados a pagar a empresas particulares que prestan servicios en las aduanas La ASF exigía la devolución a la Tesorería de la Federación de casi 7 mil 800 millones de pesos, que fueron depositados en el fideicomiso que funcionó de 1993 a 2004 "Yo no sé si atendieron a presiones del gobierno, o no atendieron al caso con la profundidad que ameritaba", apuntó la legisladora Guerra, integrante de la Comisión de Vigilancia de la ASF, que durante más de dos años insistió sobre la transparencia en el manejo de este fideicomiso "Respetamos pero no compartimos la decisión La naturaleza del fideicomiso es pública, y todos los recursos que se ejercen en ellos deben ser fiscalizados por la Auditoría", dijo la legisladora Para la Corte, los pagos que hacen las empresas importadoras y exportadoras se dividen en dos rubros claramente diferenciados, es decir, el derecho de trámite aduanero, que sí es un ingreso público, y las contraprestaciones a pagar por los servicios de las empresas privadas en las aduanas Ante los cuestionamientos por la opacidad del fideicomiso, en mayo de 2004 la SHCP, a cargo de Francisco Gil Díaz, constituyó uno nuevo, en el que aclaró que todos los recursos recibidos son públicos y fiscalizables por la ASF Según Guerra, la prueba de que los recursos del anterior fideicomiso también eran públicos, es que el año pasado se reintegraron a la Tesorería de la Federación mil 457 millones de pesos que había como saldo