Oaxaca, Oax , 22 de enero (apro)- Representantes de casi un centenar de ONG se manifestaron este día para condenar la ?criminalización? y persecución de activistas defensores de los derechos humanos, y reiterar su solidaridad con Aline Castellanos Jurado, sobre quien pesa una orden de aprehensión librada por el juez penal de la Villa de Etla, Victoriano Barroso, por el supuesto delito de despojo agraviado Esta persecución, iniciada al finalizar el sexenio foxista y sostenida por Felipe Calderón, es grave y peor aún cuando México es el país que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó Ana María Hernández, del grupo Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Los activistas, vestidos de blanco, se concentraron en el monumento a Benito Juárez del Paseo El Llano, en que cuestionaron al gobernador por calificar de "delincuentes" a quienes exigen respeto a los derechos humanos Mencionaron como caso concreto la orden de aprehensión girada en contra de Aline Castellanos por el juez penal de Etla por el delito de despojo agravado, según el expediente 136/06 Es por ello que la expresidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, fundadora del Grupo de Apoyo a la Educación de la Mujer y Mujer Libre, así como integrante de Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad, interpuso un juicio de amparo en contra de dicha orden, el cual radicó en el juzgado cuarto de distrito del décimo tercer circuito, bajo el número 1267/2006, mesa V A, cuya audiencia constitucional tendrá verificativo mañana martes La representante del Espacio Civil en el Congreso Constitutivo y en el consejo directivo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue acusada por la directora de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Mercedes Rojas Saldaña, por la toma del Canal 9, registrada el primero de agosto de 2006 Fue el 26 de septiembre del 2006 en que el juez de lo penal, Victoriano Barroso, libró la orden de aprehensión en contra de la periodista y feminista, quien podría ser sentenciada de dos a seis años de cárcel Los inconformes con esta denuncia alegaron que se trata de una venganza política en contra Aline Castellanos y las ONG, por su trabajo desarrollado en la investigación en diversas comunidades indígenas y en el movimiento social pacífico por la transformación política de la entidad Además, por impulsar reformas legales y políticas en torno a los derechos de las mujeres, documentar las violaciones a los derechos humanos cometidas en la entidad y denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros foros internacionales La activista Yésica Sánchez Maya consideró que esta ?criminalización? de la lucha social tiene como objetivo acallar las voces de denuncia Por lo tanto, exigieron al gobierno federal las garantías suficientes para que las defensoras y defensores puedan ejercer su labor, mientras que al Poder Judicial de la Federación le hicieron un llamado para que las resoluciones que tomen las resuelvan conforme a derecho