Tuxtla Gutiérrez, Chis , 31 de enero (apro)- Defensores de los derechos humanos alertaron en torno a un ?reposicionamiento? territorial y político de grupos y actores vinculados a la acción paramilitar desatada en la entidad, y en particular en la zona Selva entre 1995-1999, los que no fueron castigados ni desarmados en años anteriores En un análisis, el grupo de la Comisión Civil de Observación de los Derechos Humanos --que se creó luego del enfrentamiento entre lacandones y habitantes del poblado Viejo Velasco-- señaló que el proceso de reubicación y desalojo de comunidades, así como las acciones de intimidación y agresión ejercidas contra los poblados indígenas calificados de "irregulares" y "depredadores", obedece en el fondo a intereses corporativos extranacionales El objetivo, acusan, es posicionarse y controlar territorios ricos en recursos naturales estratégicos, tales como la biodiversidad, los macizos con cubierta forestal, así como las fuentes y cauces de agua dulce no contaminada Los centros de derechos humanos, entre ellos el que preside el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, explican que como parte de las acciones para desocupar esa región, se está utilizando a "actores sociales vinculados a la política y acción paramilitar que no fueron castigados ni desarmados", en particular se refieren a la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) "Considerando estos intereses y estos actores, existe el riesgo de que continúen las acciones de presión, intimidación y agresión en contra de otras comunidades indígenas asentadas en la región, y en contra de organismos y personas defensores de derechos humanos, involucrados en el acompañamiento de estas comunidades", señala el reporte Añaden que la OPDDIC amenaza con recurrir nuevamente al uso de las armas para desalojar a las comunidades de San Jacinto Lacanjá, Flor de Cacao, Ojo de Agua y El Semental En este marco exigen la ubicación y presentación con vida de Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Juan Peñate Montejo y Pedro Núñez Pérez, integrantes del poblado Viejo Velasco, señalados como desaparecidos a raíz de la agresión armada y el enfrentamiento del 13 de noviembre de 2006, en contra de dicho poblado También la liberación de Diego Arcos Meneses, ejidatario de la comunidad Nueva Tila, privado ilegal y arbitrariamente de su libertad, acusado de ser presunto responsable de dicha matanza En el documento firmado por el Comité de Defensa de la Libertad Indígena Xi?nich, Centro de Derechos Indígenas (Cediac), Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Maderas del Pueblo del Sureste y Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, solicitan a las autoridades garanticen la integridad de los pobladores de los asentamientos irregulares de la selva Lacandona, y a favor de Miguel Angel García Aguirre y su familia, quien ha sido amenazado por la OPDDIC