Jalapa, Ver , 9 de mayo (apro)- Con el propósito de analizar el papel que desempeña actualmente el Ejército Mexicano en las comunidades y municipios indígenas del país --como es el caso de la sierra de Zongolica--, diversas organizaciones civiles convocaron a un encuentro nacional de defensa de los derechos humanos En el evento, organizado por el Centro de Estudios Municipales (Cesem) "Heriberto Jara" y el ayuntamiento de Soledad Atzompa, se pretende abrir el debate sobre la actuación del Ejército en regiones indígenas y plantear reformas constitucionales que regulen la presencia militar en los pueblos indios El coordinador de este foro, Alfonso Osegueda Cruz, también coordinador del Cesem en Veracruz, explicó que uno de los objetivos de este encuentro ?en que se prevé la presencia de más de 300 organizaciones de todo el país-- "es brindar solidaridad a los habitantes de la sierra de Zongolica" El respeto a los derechos humanos en comunidades y municipios indígenas, subrayó, "quedó en entredicho a raíz de la muerte de Ernestina Ascencio Rosario", mujer de 73 años presuntamente violada el 25 de febrero por varios militares Y es que las arbitrariedades cometidas por los militares no sólo son representativas de la sierra de Zongolica, refirió, sino que muchas otras mujeres --en varias regiones indígenas del país-- han sido violadas por soldados y tampoco se ha hecho justicia Consideró que se debe elevar en el texto constitucional la garantía del respeto a los derechos humanos, y que las Fuerzas Armadas queden obligadas a dar un trato justo a los pueblos indígenas y sus comunidades, sobre todo, "a las mujeres" La violencia institucionalizada que se genera con la presencia del Ejército en estas regiones, señaló, no es privativa de la comunidad de Tetlatzinga, de donde era originaria Ascencio Rosario, "se registra también en otras partes del país" Al igual que otras ONG, que han exigido la reapertura del caso por no estar de acuerdo con la resolución oficial, el coordinador del Cesem descalificó la salida política con el que el gobernador Fidel Herrera cerró el caso A su juicio, en el caso de Ernestina "se instrumentó un operativo de Estado mexicano para defender la verdad oficial", es decir, la que propaló el presidente Felipe Calderón, luego adoptó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y a la que el priista Herrera Beltrán "terminó sometiéndose" Dentro de este operativo, agregó, se enmarca "el cerco que se ha montado alrededor de la familia de Ernestina para evitar tengan cualquier contacto con la prensa y las organizaciones defensoras de derechos humanos independientes" "El trabajo que se hizo con la familia para que se desistiera de impugnar el resolutivo de la Procuraduría de Veracruz, seguramente a través de una indemnización, tiene que ver con ese operativo del Estado que trató de resolver el caso políticamente y no jurídicamente, generando con ello un antecedente muy negativo", consideró En el encuentro convocado para el 26 y 27 de mayo en la Ciudad de México, explicó, el punto central será el tema de los derechos humanos en los municipios y comunidades indígenas; además, se pondrá a debate nacional la necesidad de establecer reformas constitucionales que regulen la presencia militar en estas regiones Por otra parte, el tema de Ernestina fue abordado nuevamente en la Legislatura local, en que la perredista Martha Patraca calificó al gobierno de Herrera Beltrán de "servil y sumisión" ante Felipe Calderón, "ya que la aplaudible posición inicial que tomó, la echó abajo" Señaló que "los veracruzanos nos preguntamos dónde quedó aquel personaje que a los cuatro vientos gritó que iba a defender y a proteger nuestros derechos, aquel que cuestionó la decisión de la CNDH de proteger a todas luces al Ejército" Prosiguió: "¿Qué llevó a las autoridades locales a asumir esta postura y terminar pagando el silencio de los familiares?, pues como se supo, los apoyó construyéndoles viviendas, dándoles láminas, despensas, ¿pero acaso esto devolverá la vida y borrará la muerte de doña Ernestina?"