GUANAJUATO, Gto , 4 de febrero (apro)- La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (PEDH) recomendó a la Procuraduría General de Justicia ofrecer una disculpa pública a los familiares del campesino que murió como consecuencia de la tortura que le infligieron varios policías del estado; indemnizar a los deudos, otorgar becas a los hijos de la víctima, y proceder penalmente contra los involucrados
         La PEDH de Guanajuato corroboró que policías ministeriales del estado torturaron y causaron la muerte al campesino Vicente Palomo, acusado de abigeato, el pasado 20 de enero, en el municipio de San Felipe
         La víctima fue sometida y torturada por dos agentes ministeriales en las oficinas del Ministerio Público, quienes, de acuerdo con el reporte oficial de la autopsia, lo estrangularon
         Sin embargo, familiares de la víctima y los dos ministeriales que fueron señalados y están detenidos acusados de su muerte, han señalado que Vicente Palomo fue golpeado; le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y le dieron choques eléctricos, por orden y con conocimiento del agente del Ministerio Público los jefes de la Ministerial que estaban en ese momento en el lugar
         Por ello, en las conclusiones del expediente el procurador de los derechos humanos en el estado, Gustavo Rodríguez Junquera, recomendó a la Procuraduría de Justicia efectuar "una revisión integral, profunda, y una evaluación total del trabajo que está realizando la Policía Ministerial del estado" y, en su caso, que efectúe los cambios y reestructuras necesarias en la corporación
         También pone en tela de juicio los programas de capacitación en materia de derechos humanos que maneja el Instituto de Formación de la Procuraduría, "toda vez que los mismos no han arrojado los resultados que la sociedad guanajuatense demanda y espera"
         La PEDH demandó que se incluya en las averiguaciones previas a los mandos superiores de los ministeriales y a todos los involucrados, a fin de que se deslinden todas las responsabilidades en el crimen del campesino Vicente Palomo Rodríguez
         Se trata de Daniel Méndez Basaldúa, Jorge Antonio Zavala Rodríguez, Juan Antonio Peña Arias, Francisco Javier Sandoval Ramírez, Juan Carlos Durán Silva, elementos de la Policía Ministerial del Estado; Laura Beatriz Calvillo Correa, agente del Ministerio Público en San Felipe; y Patricia Amaro, radio operadora
         Hasta ahora, el procurador Daniel Chowell Arenas sólo había señalado a los dos primeros agentes como los responsables de haber estrangulado a Vicente Palomo Rodríguez Aunque destituyó de sus cargos a Peña Arias, subdelegado de zona de la Policía Ministerial; a Sandoval Ramírez, y a José Antonio Muñoz, el subcoordinador de la misma corporación, contra ellos sólo se inició una investigación interna
         El ombudsman estatal pidió "una investigación exhaustiva" en contra del agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigación Especializada que tomó nota de los hechos en la averiguación 66/2009, en virtud de que dejó en libertad "sin fundamento legal alguno" a Peña Arias y a Sandoval Ramírez, y omitió investigar la tortura en contra de Vicente Palomo
         Además, requirió al procurador de Justicia que instaure una campaña institucional en contra de la tortura
La PEDH dio vista al gobernador Juan Manuel Oliva para que garantice el cumplimiento de todas las recomendaciones, y expresó su "rechazo e indignación ante toda forma de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes"
En la parte final de la recomendación incluye una propuesta para reformar el Código Penal del estado, a fin de armonizarlo con los estándares internacionales de protección contra la tortura