TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 30 de noviembre (apro).- De 1981 a la fecha, en el estado de Chiapas se tienen registrados 5 mil 649 casos de VIH, de los cuales, al menos tres mil reciben atención médica en el Sistema Estatal de Salud Pública, informó el secretario del ramo, James Gómez Montes.

En el simposio sobre Migración VIH/Sida/ITS, realizado en la capital del estado, Gómez Montes expuso que, de acuerdo con estimaciones oficiales, que por cada caso que se diagnostica pueden existir otros cinco no registrados.

Gómez Montes dijo que Tuxtla Gutiérrez, Tapachula,  Tonalá y Chiapa de Corzo, son los municipios con el mayor número de casos de VIH, debido a su elevada concentración demográfica, además de que hay regiones como las de Tapachula donde el comercio sexual es muy alto.

Dijo que el alto índice de VIH en el estado tiene que ver más con las amas de casa que se confían en sus relaciones sexuales con sus respectivas parejas que recurren a relaciones extramaritales.

Explico que salvo el VIH, que se mantiene en una situación “estacionaria”, Chiapas está pasando por una “transición epidemiológica” en la que las enfermedades transmisibles van a la baja y las enfermedades crónicas, a la alza.

De acuerdo con un informe dado a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Chiapas, la incidencia de personas infectadas con el VIH, acumulada a junio de 2010, es de 120.7 casos por cada 100 mil habitantes.

Por otra parte, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se celebrará este miércoles 1 de diciembre, organismos no gubernamentales autodenominados Grupo de Trabajo en VIH y Sida de Chiapas presentó la Agenda Nacional de la Sociedad Civil para contrarrestar esa pandemia.

Señalaron la importancia de reducir la brecha financiera entre prevención y atención, procesos que promuevan la sanción de los servidores públicos que violen los derechos humanos y la participación de representantes de los grupos clave, en la formulación y monitoreo de políticas públicas.

Pidieron, además, crear un foro permanente de la sociedad civil para promover un espacio de gobernabilidad; fortalecer la participación de representantes de los grupos clave, en la formulación y monitoreo de políticas públicas.

Asimismo, generar procesos que promuevan la sanción de los servidores públicos que violen los derechos humanos.