MONTERREY, NL, 2 de marzo (apro).- Menores infractores recluidos en el Tutelar estatal son víctimas de abusos por parte de celadores y personal administrativo, denunció hoy la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).
La presidenta del Cadhac, Consuelo Morales, informó que los casos más recientes ocurrieron el 27 de febrero y 1 de marzo, cuando los vigilantes arremetieron a golpes contra unos 30 menores internados.
La activista responsabilizó de las agresiones a Brígido Villanueva Vázquez, jefe de seguridad del centro correccional, y a policías del municipio de Escobedo, quienes sometieron a los jóvenes infractores, sin que fueran revelados los motivos.
Morales Elizondo dijo que los reportes recibidos indican que el sábado y el lunes los adolescentes fueron golpeados, esposados, tableados, vejados y atacados con perros. Luego fueron amenazados con inventarles faltas a la disciplina interior o incluso delitos”.
Esa conducta, advirtió la religiosa, resulta violatoria a los derechos humanos, a la integridad personal, incluida la prohibición de la tortura.
Explicó que la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes de Nuevo León establece, en su artículo 147, un programa individual de ejecución mediante el cual cada adolescente infractor recibe medidas correctivas que deben ser seguidas por el juez, quien es el que ordena qué debe hacerse con el menor.
“El incumplimiento de estas obligaciones es un desacato a la autoridad judicial, según se establece en la misma ley. La policía no puede arbitrariamente repartir golpes”, subrayó la ombudsman.
Este caso, señaló, amerita la aplicación del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, comúnmente conocido como Protocolo de Estambul.
El procedimiento validado por Naciones Unidas --y por cierto avalado por México-- sirve para verificar si una persona ha sido objeto de torturas.
Precisó que las personas que han denunciado los abusos en el Tutelar lo han hecho con la condición del anonimato por temor a represalias.
“Lo que estamos viendo es que estos hechos se dan de manera repetitiva, como padrón de conducta, y eso ya es preocupante. Condenamos enérgicamente estos abusos y pedimos que las autoridades ahí sean sometidas a una investigación”, explicó la fundadora de Cadhac.
Morales Elizondo dijo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ya tomó nota de las agresiones y su personal acudió el martes por la noche para comenzar una investigación sobre los abusos en Escobedo.
Recordó que el jefe carcelario, Brígido Villanueva, ya había sido objeto de observaciones de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En la recomendación 42/99, del 30 de junio de 1999, sobre el caso del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Nuevo León, ubicado en Apodaca, se documentó que los internos “son golpeados, maltratados y torturados por funcionarios estatales que laboran en dicho establecimiento penitenciario”.
En ese entonces, la CNDH hizo un llamado para que fueran procesados el director del Cereso, Fernando Torre Cueva, y su jefe de Seguridad y Custodia, Villanueva Vázquez.
La recomendación, dirigida al entonces gobernador Fernando Canales, fue ignorada por las autoridades.
Actualmente Torre Cueva se encuentra prófugo, pues cuando se desempeñó como jefe de policía de Escobedo, se ordenó su presentación por presuntos vínculos con delincuencia organizada.