MÉXICO, DF, 19 de julio (apro).- Activistas de derechos humanos acusaron al gobierno del priista Enrique Peña Nieto de reprimir a manifestantes de cuatro municipios mexiquenses, quienes el miércoles pasado buscaban concentrase en Toluca.
Alfonso García y José Antonio Lara Duque, representantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y de la Alianza Única del Valle, denunciaron que unos 500 antimotines de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) “secuestraron” a 300 pobladores que se dirigían a Toluca para exigir la clausura del relleno sanitario de Jilotzingo, la escrituración en 30 colonias de la zona popular de Naucalpan y la recuperación de un predio en Nicolás Romero.
Lara Duque manifestó que el 14 de julio fue “un día de violaciones a los derechos elementales de los ciudadanos en el Estado de México. Actos de la autoridad estatal que encabeza Enrique Peña Nieto que fueron desde coartar la libertad de tránsito hasta el secuestro de cientos de mexiquenses”.
Al manifestar su preocupación por la intención de Peña Nieto de alcanzar “con esos métodos” la Presidencia de la República, Lara Duque detalló que pobladores de Naucalpan, Nicolás Romero, Jilotzingo y Atizapán, que viajaban en autobuses rentados, fueron interceptados por antimotines en el kilómetro 35 de la carretera México-Toluca.
Agregó que durante cuatro horas, “sin motivo alguno y de forma totalmente ilegal”, los agentes policacos retuvieron a los hombres, mujeres y niños que viajaban en los autobuses sin permitirles bajar por agua o acudir a sanitarios.
Con la intención de impedir que los manifestantes llegaran a Toluca, sostuvo Lara Duque, un contingente que logró sortear el primer retén policaco fue alcanzado por los uniformados.
Luego, los pobladores fueron bajados de los vehículos, mientras que los choferes fueron obligados a regresar a sus oficinas una vez que funcionarios mexiquenses se comunicaron con los administradores de la empresa Transportes Cotep SA de CV.
Según Lara Duque, funcionarios del gobierno de Peña Nieto advirtieron a los manifestantes que “si no regresaban a los municipios, iban llevar a cabo detenciones en los lugares de origen. Así que, ante el temor de que ocurrieran actos de represión, se decidió volver”.
El retorno, puntualizó, se llevó a cabo tras la firma de un acuerdo que se revisaría un día después por una comisión de los inconformes y el gobierno estatal.
El jueves 15 de julio, apuntó Lara Duque, se acordó la revisión de los nueve puntos del pliego petitorio, entre los que se pidió garantizar el respeto al derecho de libre manifestación.
Por su parte, Alfonso García señaló que el 14 de julio, además de cometerse los delitos de secuestro contra los pobladores de los municipios mexiquenses, se violaron las garantías de libre manifestación, tránsito así como de prensa, toda vez que entre los inconformes retenidos se encontraban tres reporteros.

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