En Guanajuato no hay mujeres presas por abortar, refuta el gobernador

jueves, 5 de agosto de 2010

SILAO, Gto., 5 de agosto (apro).- Pese a que organizaciones civiles protestaron ante la representación del gobierno de Guanajuato en el Distrito Federal, por la criminalización de quienes abortaron por diversas causales, el Ejecutivo estatal, el panista Juan Manuel Oliva, insistió hoy aquí en que no hay ninguna mujer presa en la entidad por esa situación.

Y es que el procedimiento legal para acusar, procesar y sentenciar a las mujeres –de los que cuatro casos se han hecho públicos en el penal de Guanajuato capital-- fue instrumentado por el delito de “homicidio en razón de parentesco” y no por aborto.

La pena, en caso del homicidio, es mucho mayor que por abortar, según el Código Penal estatal.

Aunque organizaciones como el Centro Las Libres dieron a conocer en días pasados un informe del Poder Judicial del estado en el que se citan los casos de mujeres sentenciadas o procesadas por aborto, hoy el gobernador Oliva y la coordinadora panista en la Cámara de Diputados federal, Josefina Vázquez Mota, dijeron haber recibido de la misma instancia un reporte “que nada dice sobre casos de aborto, sino de homicidios en razón de parentesco”.

Vázquez Mota asistió a la Expo Guanajuato Bicentenario, y ahí ofreció una conferencia de prensa con el gobernador Oliva Ramírez.

Antes, se reunieron con la presidenta del Poder Judicial del estado, la magistrada Raquel Barajas Monjaraz, para tratar el tema de las mujeres encarceladas por aborto, según la denuncia de activistas de derechos humanos.

Luego, ante los medios, el gobernador sostuvo:

“Reitero una vez más que no hay una sola mujer presa por motivos de aborto. Este tema ha sido reiteradamente tratado y reiteradamente aclarado. Hasta el momento no hay pruebas de que exista alguna mujer encarcelada por aborto, es importante aclararlo”.

Según Oliva Ramírez, son siete los casos de mujeres que están presas por “homicidios en razón de parentesco”.

Y Josefina Vázquez Mota, sin querer ahondar el asunto y más bien con un discurso evasivo, aseguró que ese fue el informe que recibió de la presidenta del Supremo Tribunal del estado.

El gobernador aseguró que ante una queja interpuesta por diputadas federales, como la legisladora perredista Leticia Quezada, “he pedido a instancias de procuración de justicia que abran la información y los espacios. No tenemos nada que esconder, ahí están las condiciones en que están las personas internas en el Cereso del estado”.

 

El escarnio

 

El miércoles pasado, en un hecho sin precedente, la Dirección de Readaptación Social del estado exhibió a cuatro de las mujeres recluidas en el penal de la capital ante algunos medios de comunicación convocados ex profeso por la Secretaría de Seguridad Pública, con el argumento de que no se les prohibía hablar con los reporteros.

Una de las mujeres alcanzó a protestar porque fue condenada “de manera injusta”.

Ante este hecho, la coordinadora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, anunció que solicitarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que se otorguen medidas cautelares para las cuatro mujeres, ante el riesgo en el que las propias autoridades estatales las pusieron dentro del centro penitenciario en el cual purgan sus sentencias.

En principio, interpondrán una queja ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, “ya que el gobierno piensa que porque las tiene presas son de su propiedad, las exhibe y monta un espectáculo”, acusó.

“Pero la vida de estas mujeres, la consideración a la historia de estas mujeres a su situación –son personas y sienten--, eso no estuvo en la cabeza de nadie. Allá adentro, con todo el abuso de poder, ellas a lo que más miedo le tienen es a que las trasladen más lejos, como castigo”, agregó Cruz Sánchez.

Las Libres, el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez y otras organizaciones se reunirán este viernes con la Alta Comisionada Adjunta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Kyung-wha Kang, a quien le pedirán visitar Guanajuato o enviar a un representante para conocer directamente la problemática que en materia de sus derechos viven las mujeres en esta entidad.