Exigen ONG juicio político contra gobernadora de Yucatán

jueves, 20 de octubre de 2011
MÉRIDA, Yuc. (apro).- Representantes de agrupaciones ciudadanas yucatecas presentaron esta mañana, ante la Cámara de Diputados federal, una demanda de juicio político contra la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco La comisión estuvo integrada por Guillermo Vela Román, Blanca Estrada Mora, Marysol Canto Ortiz, Jorge Arturo Cetina Bautista, David Contreras Celis, Jorge López Pacheco, Mario Isauro Cerón Grajales, miembros del Frente Cívico Familiar y la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (FECUY), agrupaciones vinculadas al Partido Acción Nacional (PAN). Los demandantes acusan a la gobernadora de “alto desorden financiero y desaseo en el manejo de los recursos públicos; falta de transparencia y rendición de cuentas; incumplimiento de convenios con la Federación mediante la ausencia de aportación de recursos estatales a programas federales”. También del “atraso injustificado en la construcción de obras vitales para el estado; desvío de fondos etiquetados, aun de origen federal, para usarlos como de libre disposición”, así como de “actos de represión como forma de ahogar libertades ciudadanas y la indebida utilización de la fuerza pública, tanto por acción como por omisión”. Argumentaron que aunque están conscientes de que en la historia de México nunca ha procedido un juicio político contra un gobernante en turno, acudieron a promover ese recurso “en espera de que los diputados federales cumplan con su deber, den entrada al expediente, lleguen al análisis de fondo, y envíen una señal positiva a los ciudadanos de este país, en el sentido de que los gobernantes, sin importar el nivel, cuando violan la ley, serán sancionados en los términos que lo disponen las leyes de México”. Pidieron la destitución de la gobernadora y su inhabilitación para el ejercicio público, además, que se declare que incurrió en el manejo indebido de fondos federales y en actos y omisiones graves a la Constitución en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de buen despacho. Asimismo, exigieron que se le apliquen las sanciones pecuniarias correspondientes a los daños y perjuicios económicos que causó al erario y se le obligue a reponer el dinero. Recibieron la petición José Ricardo Jiménez Ramírez, director de Servicios Legales, y Ernesto Ramírez Llanos, subdirector de Apoyo Normativo, ambos de la Cámara de Diputados. Por la noche, los diputados federales del PRI por Yucatán emitieron un comunicado en el que reprueban “que se pretenda abusar, y utilizar con fines meramente mediáticos, de los mecanismos institucionales que establecen las leyes federales, como el juicio político, de forma pretenciosa y únicamente con intenciones político-partidistas”. Se dijeron “respetuosos de las opiniones e inclinaciones políticas que puedan tener cualquier ciudadano u organización social”. Sin embargo, añaden, aquellas “no deben ser el motivo para presentar recursos legales de origen infundados, ya que sólo contienen expresiones de denostación emitidas por las mismas personas y membretes que reiteradamente han demostrado su obstinación por descalificar a la gobernadora del estado en aras de simples intereses personales y partidistas, cuando lo que realmente evidencian es no importarles empañar el desarrollo de Yucatán”. Responden que de esta manera, la solicitud, “a toda luz infundada, de juicio político presentada por el Frente Cívico Familiar y la Fecuy, los cuales han acreditado su vinculación directa con el PAN en Yucatán, seguirá su cauce legal, pero es necesario advertir y subrayar su connotación político-electoral. “Lo preocupante –añaden– es que integrantes de estos membretes, como el mencionado Frente, hayan sido nombrados como consejeros en la Junta Local del IFE en Yucatán, cuando se ha acreditado su participación directa en campañas sistemáticas de provocación a las autoridades públicas emanadas del PRI, así como su relación estrecha con las acciones político-partidistas realizadas por integrantes del PAN en el estado”. Y destacan que “con esto se pone en tela de juicio su imparcialidad y objetividad en su función como garantes de la voluntad ciudadana en el proceso electoral”. Firman el documento Liborio Vidal Aguilar, Felipe Cervera Hernández, Efraín Aguilar Góngora, Rolando Zapata Bello, Enrique Castillo Ruz, Erick Rubio Barthell y Jorge Carlos Ramírez Marín.