MÉXICO, D.F. (apro).- Las autoridades de Sinaloa anunciaron que en un lapso de nueve meses fueron cerrados 12 de los 18 penales municipales que había en la entidad por incumplir con los estándares internacionales para la rehabilitación de los internos. En cumplimiento de la recomendación 37/2011 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), los 250 internos que se encontraban recluidos en los penales de Cosalá, Badiraguato, Salvador Alvarado, Choix, El Fuerte, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Elota, San Ignacio, Escuinapa, Rosario y Concordia, seguirán sus procesos penales en los centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) de los municipios de Ahome, Guasave, Angostura, Culiacán, Navolato y Mazatlán. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Francisco Manuel Córdova Celaya, en estos últimos seis penales, cinco mil 798 internos purgan condenas. El funcionario estatal afirmó que la reubicación busca que se evite el hacinamiento de presos, lo que contribuye a su seguridad y a preservar los derechos humanos, dijo. Y añadió: “Eran penales, muchos de ellos, que se hicieron hace 100 años y no cumplían con lo más mínimo de los estándares internacionales para la rehabilitación y para la custodia de los internos. Estamos muy agradecidos con el Poder Judicial, estamos muy agradecidos con los ministerios públicos, que facilitaron en un tiempo récord el traslado de estos internos a los penales más grandes”. Sobre el traslado de los reos, el director de Prevención y Readaptación Social, Juan Ramón Valenzuela, señaló que no se hizo de manera improvisada, puesto que el Tribunal de Justicia del Estado autorizó el proceso, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia. Valenzuela explicó que el hecho de que los internos permanecieran en cárceles municipales los mantenía en una desventaja legal, porque se les complicaba acceder a una reducción de pena o libertad anticipada por buena conducta. Asimismo, detalló que algunos de los centros cerrados fueron demolidos, otros serán convertidos en oficinas y uno más será transformado en museo. Por separado, el titular de la CEDH, Juan José Ríos Estavillo, criticó que en Sinaloa no hay política pública en materia penitenciaria que garantice el respeto a los derechos de los presos en los penales, pero consideró que es un avance que el gobierno de Mario López Valdez haya atendido la recomendación de cerrar las cárceles municipales.