CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Por segunda vez en menos de 24 horas, el exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo se lanzó contra su sucesor Ángel Aguirre Rivero, a quien acusó de romper “reglas no escritas” entre los gobernadores en turno y salientes. Estas “reglas no escritas”, explicó Torreblanca, señalan que el gobernador saliente debe guardar un lugar “alejado de los reflectores”; y esperar que el gobernador en turno haga su trabajo. “Era mi intención cumplir con esa regla no escrita, en especie de exilio, para no generar suspicacias; pero hoy vengo a romper una regla en la que a lo mejor ningún exgobernador había aparecido para defenderse, porque el gobernador (Aguirre) empezó la serie de descalificaciones e infundios, por eso vengo a hacer las aclaraciones, pensé que estábamos en otra etapa de la política”, expresó Torreblanca. De esta forma Torreblanca justificó sus apariciones públicas para responder a las críticas de Aguirre, después de mantenerse ocho meses alejado públicamente de la entidad. Zeferino Torreblanca gobernó el estado de 2005 a abril de 2011. Durante un encuentro que sostuvo con un centenar de personas, exfuncionarios de su gobierno y algunos ciudadanos, en un salón de fiestas al poniente de esta capital, Torreblanca lanzó duras críticas contra Aguirre por segunda vez en menos de 24 horas. Ayer, en Acapulco, Torreblanca calificó a Aguirre de “parásito, corrupto, cínico y ladrón"; lo responsabilizó, a él y sus “secuaces”, de la narcoviolencia que colapsó este destino turístico; y consideró que las inhabilitaciones y demandas penales del actual gobierno contra sus excolaboradores son acciones en venganza porque no le entregó a Aguirre el dinero que le pidió durante la pasada campaña. Hoy, en la reunión de Chilpancingo, el exmandatario fue más mesurado. Incluso, se desdijo de haber llamado a Aguirre “perro del mal”, pero no dejó de criticar al gobernador. En su intervención, donde estuvo apoyado por una presentación multimedia, Torreblanca señaló que el déficit financiero de 4 mil 60 millones que dejó al término de su administración en la Secretaría de Seguridad en Guerrero (SEG), se generó durante el periodo de interinato que cubrió Aguirre, de 1996 a 1999; y se agudizó en la administración del exgobernador René Juárez, de 1999 a 2005, debido a que en ese periodo, agregó, se incrementó de 45 a 90 días el aguinaldo que reciben los trabajadores de la educación en la entidad, y que se otorgaron 8 mil plazas de docente, indicó. El exmandatario dijo que estos beneficios fueron entregados sin techo presupuestal y que son solventados con recursos procedentes de la retención de impuestos al Issste y otras prestaciones de los trabajadores al servicio del estado que no son entregadas a la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, Torreblanca se negó a explicar por qué no procedió jurídicamente contra los exfuncionarios que avalaron estos beneficios económicos de forma irregular y que anualmente generan un déficit presupuestal de mil 500 millones de pesos. Dijo que, a diferencia de Aguirre, quien “dejó las arcas del estado vacías” cuando entregó la administración a Juárez Cisneros en 1999, él entregó 85 cuentas del gobierno con un monto de mil 411 millones de pesos; y refirió que durante la actual administración se “infló” la nómina del sector central del gobierno estatal. Luego, reiteró que la flota aérea oficial es utilizada por familiares de Aguirre y secretarios de despacho para actividades personales. Basado en las bitácoras de vuelo de tres de los cuatro helicópteros y dos aviones, que obtuvo mediante “fuentes anónimas”, Torreblanca señaló que un helicóptero del gobierno de Guerrero fue puesto a disposición del excandidato perredista al gobierno de Michoacán, el senador con licencia Silvano Aureoles; así como de jerarcas católicos y empresarios locales de medios de comunicación, entre éstos, Alonso de la Colina, de TV Azteca Acapulco. También reiteró que aspira a ser alcalde de Acapulco por el PAN y volvió a advertir que contestará los señalamientos contra su administración. Hasta las 21:00 horas de este miércoles, el gobierno de Aguirre no había dado a conocer ninguna postura ante las acusaciones de presuntos actos de corrupción señalados por Torreblanca.