GUADALAJARA, Jal. (apro).- La aprobación de la nueva Ley de Información Pública, en la que se penaliza con hasta cinco años de cárcel a los particulares que difundan información reservada, ya comenzó a generar reacciones en contra. Por ejemplo, organizaciones ciudadanas se reunieron este viernes y emitieron un pliego petitorio, en el que exigen al gobernador Emilio González Márquez que vete dicha ley porque, en su opinión, implica una regresión. La nueva Ley de Información Pública fue aprobada la semana pasada por el pleno del Congreso local, incluido el PRD y, de acuerdo con los quejosos, el trámite se hizo al vapor, sin leerla y sin tomar en cuenta a terceros para su elaboración. Una de las reformas más cuestionadas fue la del artículo 298 del Código Penal jalisciense, porque se prevén sanciones económicas y de cárcel por publicar información reservada. “Es decir, se criminaliza la libertad de expresión”, señaló el vicepresidente del Colegio de Politólogos, Francisco Javier González. Además, se estipula que el gobierno podrá clasificar la información sin necesidad de justificación, es decir, no contempla la famosa “prueba de daño”. Convocados por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) que encabeza Jorge Gutiérrez Reynaga, representantes de diversas organizaciones –Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco (CESJAL); Ciudadanos por Municipios Transparentes Capítulo Jalisco (CIMTRA); Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)–, se reunieron para redactar y firmar el documento que entregaron al gobernador González Márquez. “Solicitamos enfáticamente al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco que emplee su facultad de observar proyectos de ley enviados por el Congreso del Estado, para detener la promulgación de la Ley de Información Pública (….) Hemos encontrado un conjunto de inconsistencias, retrocesos y modificaciones al sistema de acceso a la información en Jalisco que dificultarían el ejercicio del derecho a la información”. Al documento se anexaron varias observaciones en lo general. Piden, que además de vetarse la ley, el Congreso convoque a la sociedad civil a un proceso deliberativo en el que puedan participar todas las organizaciones interesadas.