MÉRIDA, Yuc., 17 de febrero (apro).- Con la oposición de la bancada panista, el Congreso local rechazó hoy la Cuenta Pública 2008 de diez ayuntamientos, entre ellos Mérida, por presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASEY).
 En la acalorada sesión, los diputados de PRI, PVEM y PRD aprobaron por mayoría el dictamen que rechaza las cuentas de los municipios priistas de Acanceh, Cuzama, Dzidzantún, Tizimín y Tunkás, así como las de los panistas Bokobá, Buctzotz, Cansahcab, Conkal y Mérida.
En conjunto, los presuntos desvíos patrimoniales superan los 158 millones de pesos.
     Al respecto, la diputada del PRI, Martha Góngora Sánchez, destacó que en la revisión de las cuentas la ASEY encontró elementos para presumir desvíos de recursos.
 En el caso de Mérida, las cuentas corresponden al segundo semestre del 2008 de la administración del exmunícipe César Bojórquez Zapata, cuyas presuntas anomalías ascienden a 82 millones de pesos.
 La priista acusó de incongruentes a los panistas, pues sus excusas para votar sistemáticamente en contra ya no tienen límites, “antes decían indebidamente que no tenían información, que se les negaban los informes de la Cuenta Pública, que los documentos no estaban completos, entre otros pretextos, pero nuevamente quedan al descubierto, ya que como ellos mismos han señalado que la información ahí está y siempre ha estado”.
 Calificó de incongruente la actitud del PAN porque por un lado dicen estar de acuerdo con el dictamen que rechaza las cuentas públicas de algunos municipios, y por otro fungen como abogados defensores del manejo presupuestal en Mérida, con el pretexto de que la Auditoría Superior del Estado no aplicó el mismo procedimiento en todos los casos, “lo cual es falso”.
Y una vez que las cuentas no fueron aprobadas, “como fue el caso hoy, los responsables de las irregularidades serán citados a comparecer en la sede de la Contaduría Mayor de Hacienda, donde podrán presentar las pruebas y alegatos que a su derecho convenga”, prosiguió Góngora Sánchez.
Agregó que si después de la audiencia no se encontraran elementos suficientes para fincar responsabilidades, se procederá a emitir una resolución, y sostuvo que se actúo en apego a las normas “y estamos cumpliendo con nuestra labor de fiscalización en la parte que nos corresponde”.
     Por su parte, el PAN argumentó que por no haberse cumplido lo que marca la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, su grupo parlamentario votó en contra del dictamen que rechazó las cuentas del segundo semestre de 2008 del ayuntamiento de Mérida.
 En representación de la bancada panista, el diputado Pedro Couoh Suaste denunció irregularidades al calificarse las cuentas del ayuntamiento de Mérida.
 En primer término, argumentó que la revisión de las cuentas a discusión se rige por la anterior Ley de la Contaduría Mayor, no por la Ley de la Fiscalización de la Cuenta Pública, hoy en vigor, la cual, dijo, aplicaron los priistas.
     Aseguró que la Contaduría, a diferencia de los otros nueve municipios, no le dio a Mérida las dos oportunidades que marca la ley para solventar las observaciones, por lo que en este caso su informe no está debidamente fundado y deja ver claramente motivos partidistas que sólo persiguen denostar al ayuntamiento anterior.
Dijo que el PAN no se opone a aprobar los dictámenes desfavorables de los otros cuatro municipios panistas, ya que en esos casos se cumplió lo que marcan los ordenamientos.
     No obstante, recalcó que en el caso de Mérida puede haber “dedicatoria especial, con fines político-electorales y revanchistas”.