MÉRIDA, Yuc., 15 de marzo (apro).- Por unanimidad, el pleno del Congreso estatal aprobó la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas, así como reformas a los códigos Penal y Civil, con lo que se endurecen las penas contra ese ilícito.
La nueva ley advierte que "comete el delito de trata de personas quien para recibir un beneficio, y mediante amenazas, uso de la fuerza u otras formas de coacción física o psicológica, de la privación de la libertad, del engaño o seducción, del abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o de necesidad económica induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, rapte, ofrezca, traslade, transporte, entregue o reciba para sí o para un tercero, a una persona, con objeto de someterla a explotación sexual, prostitución, mendicidad o a trabajos o servicios forzados; realizar la extracción o extirpación de cualquier órgano, tejidos o parte de su cuerpo o prestar servidumbre forzada o prácticas similares a la esclavitud”.
 La norma establece que “el consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad del delito de trata de personas no es causa excluyente de delito”.
 Y prevé sanciones de entre 8 a 25 años de prisión y multas de 200 a 500 días de salario mínimo.
 Antes, las sanciones por ese delito oscilaban de 5 a 12 años de prisión y multas de 100 a 500 días de salario mínimo.
     Así, Yucatán se convierte en la novena entidad en contar con una ley especial sobre la trata de personas, pues hasta ahora sólo Chiapas, Tlaxcala, Tabasco, Nuevo León, Hidalgo, Veracruz, Quintana Roo y el Distrito Federal cuentan con una legislación en la materia.
La nueva norma permitirá prever programas consistentes en la atención a las víctimas; la realización de acciones que permitan detectar la existencia de estas redes en el estado, y crear estrategias que permitan al gobierno reducir la vulnerabilidad y evitar el “enganche”.
También busca combatir el delito a través del fomento a la cultura tanto de denuncia como de prevención, así como el establecimiento de mecanismos de protección.
La ley, propuesta por la diputada panista Lizbeth Medina Rodríguez, se aprobó por unanimidad.
 En respaldo de la iniciativa, el diputado priista René Tun Castillo advirtió que Yucatán “no puede convertirse en un paraíso para los tratantes, los cuales, en muchos de los casos, también son abusadores de niñas y niños, lenones, promotores del turismo sexual o de pornografía y prostitución forzada de niñas, niños, mujeres y hombres”.
     Añadió que esta nueva reglamentación es fundamental para poder sancionar de manera efectiva la trata de personas, lo que se traducirá, en un gran paso y enriquecimiento al marco jurídico estatal.
En la misma sesión, el pleno también aprobó otras reformas a los códigos Penal y Civil para endurecer las penas por los delitos de violencia familiar y discriminación.
En el caso de la violencia familiar se plantea que el indiciado abandone el domicilio cuando lo comparta con la víctima y la prohibición para retornar al mismo, así como acercarse a ella o a los lugares frecuentados por ésta.
 Se incrementó el castigo en el caso homicidio en razón del parentesco, y por ese delito se estableció una condena de 30 a 40 años de prisión.
 También se agravó la pena cuando exista esterilidad provocada, ya que cuando sin el consentimiento de una persona mayor de 18 años se practique en ella cualquier procedimiento que provoque esterilidad, se le impondrán al responsable de seis a ocho años de prisión y multas de 75 a 300 días de salarios mínimo.
     Sobre la discriminación, se estableció que a quien incurra en este delito se le impondrán penas de uno a tres años de prisión o multas de 50 a 200 días de salario mínimo y de 25 a cien días de trabajo en favor de la comunidad.
En la discusión del dictamen, el diputado priista Carlos Pavón Flores manifestó la necesidad de erradicar “cualquier señal de discriminación por razón de edad, género, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, condición social, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud, etcétera”.
 Mientras, el panista Tito Sánchez Camargo apuntó que estas reformas abordan temas sumamente importantes enfocados a la protección de los derechos de las mujeres, hombres y niños para que vivan libremente sin violencia y discriminación, así como prevenir y sancionar severamente esos ilícitos.