MÉXICO, D.F., 6 de abril (apro).- Los alcaldes de los municipios de Cunduacán, Xalapa, Jonuta, Paraíso y Tenosique, en Tabasco, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declare la invalidez de la licitación y de los contratos incentivados para la extracción de crudo.

Los funcionarios tabasqueños, quienes se apoyaron en la resolución de la SCJN que prohíbe los contratos riesgo basados en la renta petrolera y venta de crudo, presentaron sendas controversias constitucionales contra Petróleos Mexicanos (Pemex) y el presidente Felipe Calderón por la emisión de la licitación pública internacional de dichos contratos.        

Asesorados por Claudia Sheinbaum, integrante del llamado “gobierno legítimo”, la senadora por Tabasco Rosalinda López Hernández y el diputado federal Agustín Guerrero, los alcaldes dijeron que a Corte debe declarar la invalidez de la licitación y de los contratos, en virtud de que vulneran el sistema recaudatorio de municipios con alta producción petrolera.

Si se lleva a cabo ese esquema de producción, agregaron, se reducirán las partidas federales a los municipios y fondos adicionales derivados de excedentes petroleros o de derechos sobre hidrocarburos.

 En conferencia de prensa, Sheinbaum detalló que los contratos incentivados para la extracción de crudo violan el artículo 27 constitucional, que asegura la soberanía energética nacional sobre los hidrocarburos.

La secretaria de Medio Ambiente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador explicó que en diciembre pasado la SCJN determinó que la reforma petrolera de 2008 es constitucional, aunque aclaró que los contratos que firme Pemex al amparo de esta legislación no deben basarse en el pago a las empresas privadas por el concepto de renta petrolera o por la venta del crudo.

Y lo que estamos señalando, dijo, es precisamente que los contratos previstos en las licitaciones impugnadas transfieren parte de la renta petrolera a esas empresas, lo cual viola lo establecido por la propia corte, además de que obligan a Pemex a calcular el valor de la producción utilizando precios de referencia en Estados Unidos, sujetos a circunstancias futuras. Eso, añadió, viola la Carta Magna.