JALAPA, Ver. (apro).- La periodista María de Jesús Bravo Pagola, una de los dos tuiteros detenidos en Veracruz acusados de terrorismo por difundir rumores sobre ataques contra escuelas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, denunció que su declaración “le fue arrancada mediante coacción” y tortura. A través de un comunicado difundido por sus abogados defensores, la periodista rechazó haber incurrido en el delito de terrorismo y sabotaje que le atribuye el gobierno del estado. El otro detenido, Gilberto Martínez Vera, también negó los cargos. Al rendir declaración previa ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia, Bravo Pagola y Martínez Vera denunciaron haber sido “torturados y privados de su libertad de manera ilegal” por las autoridades estatales. El despacho Ordóñez, Ordóñez y Téllez, Abogados Asociados, dio a conocer que este lunes a las 12:40 horas rindieron su declaración preparatoria por escrito la periodista María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez. De acuerdo con la abogada Claribel Guevara Pérez, la periodista porteña renunció al derecho de solicitar la duplicación del término constitucional de las 72 horas, ya que negó haber cometido delito alguno y denunció que la declaración ministerial que le fue puesta a la vista, “le fue arrancada mediante coacción”. Es decir, señaló el despacho jurídico a través del comunicado, Bravo Pagola fue privada de la libertad por personal de la PGJ, “incomunicada y lesionada” en sus garantías constitucionales durante 60 horas, además de carecer de un abogado de su confianza que le diera asistencia jurídica”. Explicó que la periodista “fue detenida violentamente a las 14:30 horas del 26 de agosto en su domicilio de Isabel la Católica y España, en Boca del Río, por elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, y trasladada a las instalaciones de la PGJ en Jalapa, donde se le mantuvo completamente incomunicada”. La defensa de Bravo aseguró también que apenas, al rendir su declaración preparatoria, “se suspendió esa incomunicación”, en cuyo transcurso de aproximadamente 60 horas no se le permitió hacer libremente ninguna llamada; además de que fue despojada de su aparato celular, bajo fuerte presión psicológica por agentes de la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI). “Sin persona de su confianza ni abogado que le asistiera legalmente, aseguró que fue sometida a lesiones morales, tormentos y mortificaciones para que confesara delitos que no ha cometido”, subrayó el despacho jurídico. Respecto a los delitos que se le achacan, el despacho jurídico señaló: “No se me puede considerar como terrorista, debido a que nunca hice ni señalé, y mucho menos di voces de alarma o provoqué estruendos por los medios idóneos; nunca he simulado la posible existencia de alguno de los actos considerados por el delito de terrorismo, con el fin de suscitar tumultos, desordenes, alarma o zozobra. “No sé utilizar explosivos, no tengo acceso a sustancias tóxicas, no existen en mi casa armas de fuego o materiales para provocar un incendio, nunca he llamado innecesariamente a la policía o a los bomberos, nunca he inundado nada y carezco de cualquier otro medio para realizar actos en contra de las personas”, agregó. Bravo Pagola hizo hincapié en que nunca ha realizado servicios al público que produzcan alarma, temor y terror en la población, o en un grupo o sector de ella. “Nunca he perturbado la paz pública y nunca he tratado de menoscabar la autoridad del Estado ni lo he presionado para que tome una determinación.” La declaración de Martínez Vera fue desahogada en términos similares. Ambos solicitaron que no se duplicara el término constitucional de 72 horas y exigieron “que se dicte el auto que resuelva su situación jurídica”. También se reservaron su derecho a ampliar su declaración por escrito y se negaron a contestar cualquier interrogante verbal del Ministerio Público.