Candidato del PRI en Tabasco enfrenta dos denuncias penales por fraude

miércoles, 25 de enero de 2012
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El empresario Héctor Aceves Fernández negó que se haya desistido de las demandas penales –en las Procuraduría General de la República (PGR) y en la del estado (PGJ)– contra el candidato de “unidad” del PRI al gobierno del estado, Jesús Alí de la Torre, por presuntos delitos de obstrucción de la justicia, falsedad de declaraciones y fraude procesal, entre otros. Acompañado por su abogado William López Ascencio, el empresario Aceves Fernández precisó que no ha retirado ninguna demanda. Ambos desmintieron que hayan llegado a un arreglo con el ayuntamiento de Centro (Villahermosa) para desistirse de las demandas, para no “perjudicar” la imagen de Alí de la Torre, quien, hasta diciembre pasado, encabezó el ayuntamiento y del cual se separó para buscar la candidatura al gobierno del estado. La primera denuncia contra Alí de la Torre e integrantes del Cabildo, ante la PGR, fue presentada el pasado 25 de noviembre por los presuntos delitos de obstrucción a la administración de justicia y falsedad de declaraciones, por negarse acatar resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y jueces federales para demoler el lujoso gimnasio Sport City, y pagar daños y perjuicios a la señora María del Pilar Herrera Pizaña, esposa del empresario Aceves, afectados en varias casas de su propiedad por la construcción del gimnasio. La segunda fue interpuesta el pasado 15 de diciembre ante la PGJ por los presuntos delitos de tráfico de influencia, fraude procesal y daño ecológico por acción y omisión en el mismo caso del Sport City. En su denuncia y alegatos ante el TCA, la señora Herrera Pizaña logró acreditar la ilegalidad de las licencias de construcción y factibilidad de uso de suelo, otorgadas en 2007 y 2009 por el ayuntamiento de Centro para la construcción y ampliación del gimnasio Sport City, ubicado en la exclusiva zona residencial Tabasco 2000 de esta capital. A principios de agosto de 2010, la magistrada de la Segunda Sala del TCA, Luz María Armenta León, resolvió la revocación de los permisos de construcción y cambio de uso de suelo; y ordenó al ayuntamiento “demoler” el Sport City, así como pagar daños y perjuicios a los afectados. Sin embargo, desde esa fecha, el entonces alcalde en funciones, Jesús Alí, “mintió y promovió” amparos fuera de términos para no ejecutar la orden de derribar el gimnasio, propiedad del empresario Antonio Espinosa de los Monteros, implicado en 2008 en multimillonario tráfico de tierras para damnificados por las inundaciones. Después del resolutivo del TCA, Alí y Espinosa de los Monteros promovieron un amparo ante Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, el cual le fue negado el 28 de marzo de 2011, y se ratificó el ordenamiento para demoler el gimnasio. Posteriormente, Alí de la Torre instruyó a su síndico de Hacienda, Jorge Alberto Cámara Núñez, solicitar revisión de amparo en el Tribunal Colegiado de Villahermosa, con el argumento de que el ayuntamiento supuestamente no estaba enterado del asunto, “cuando ellos fueron los primeros en ser notificados del resolutivo del TCA”. A finales de noviembre del año pasado, el Tribunal Colegiado de Villahermosa sobreseyó la petición de revisión de amparo, con lo que quedó firme la sentencia del TCA, explicó el abogado López Ascencio. En entrevista hoy con un noticiero de radio, Aceves Fernández relató que a principios de enero Alí de la Torre le habló por teléfono, no obstante que se separó del cargo desde diciembre, para decirle que hablara con el director jurídico del ayuntamiento, Noé Maldonado, para arreglar el pago de daños y perjuicios, y se cerrara el caso Sport City. Así lo hizo y acordaron una cita en la que también asistió el alcalde sustituto, Cuauhtémoc Muñoz, quien le dijo que “por instrucciones del licenciado Alí” retirara las dos demandas y se le pagaría de inmediato los daños y perjuicios, y que en caso de no hacerlo “que fuera yo buscando donde irme a vivir porque será el próximo gobernador”. . Aceves explicó que ambas demandas no pueden retirarse porque los delitos imputados se persiguen de oficio, sin embargo, en la reunión dijo que lo haría y se acordó otro encuentro para el pago, el sábado 21 de enero a las 6 de la tarde en el ayuntamiento, en la que también estaría presente el empresario Espinosa de los Monteros. “Llegamos desde la 5:30 de la tarde y nadie se presentó, nos dejaron plantados. Nos engañaron y desde esa fecha ni siquiera me contestan el teléfono”, se quejó. “Las demandas siguen su curso porque se persiguen de oficio, el desistimiento no procede y lo que queda claro es que el licenciado Alí de la Torre sigue mandando en al ayuntamiento de Centro para su propósito político de ser gobernador”, denunció el abogado López Ascencio. “El miedo que tienen es que, de proceder las demandas, se podría inhabilitar al licenciado Alí para ser candidato a la gubernatura”, remató.

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