TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- El abogado Horacio Culebro Borrayas impugnó ante un juez federal el nombramiento del consejero presidente del Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Florencio Madariaga Granados. El recurso de amparo indirecto que interpuso Culebro fue admitido por el Poder Judicial de la Federación (PJF) y turnado al Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Chiapas. Luego de que se dio trámite a la demanda bajo el recurso de amparo número 1547/2012, este lunes se realizará la audiencia incidental y en los primeros días de noviembre la constitucional. Como quejoso, Culebro Borrayas procedió directamente en contra de los actores: el rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Roberto Domínguez Castellanos; el pleno del CEDH y el Congreso local, implicados en el nombramiento de Madariaga Granados. Entre los actos reclamados, el abogado refiere que Domínguez Castellanos hizo una designación ilegal al proponer de forma unilateral a Florencio Madariaga Granados como consejero representante de las universidades públicas de Chiapas ante el CEDH, sin haberse emitido la convocatoria respectiva y sin que hubiera sido convalidado por las cuatro universidades públicas restantes. Detalla que el Congreso local le tomó protesta sin fundamento legal y convalidó la designación, y el CEDH, por su parte, lo nombró de manera ilegal como presidente de ese órgano. Según Culebro Borrayas, con la designación de Madariaga se violó el artículo 26 de la Ley del CEDH, que textualmente establece: “Los Consejeros deberán reunir para su designación los siguientes requisitos: l. Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos”. En ese mismo articulado, en la fracción IV, refiere que “debe gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido prestigio público, además de no haber sido condenado por delito intencional o doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratase de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”. Y, por si fuera poco, no se cumplió con el procedimiento de su nombramiento previsto en el artículo 27 de la misma Ley del CEDH. Según el quejoso, a Madariaga le fue dada una notaría pública de la que no se sabe si la instaló como prevé la ley, y solicitó su licencia temporal para dejar de ejercer dicha labor.