OAXACA, Oax. (apro).- Alumnos de la maestría en Política y Derecho Electoral de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) elaborarán una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas al Código Electoral del Estado aprobadas sin consultar a las comunidades indígenas, para que cualquier interesado pueda presentarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque el gobernador Gabino Cué firmó el 4 de julio de 2011 un convenio de colaboración antidiscriminatorio con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, su gobierno, secundado por la LXI Legislatura local, violó los derechos de los pueblos indígenas y con ello tratados internacionales, señalaron. Ahora, para corregir esta “grave falta”, la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) realiza foros “innecesarios” para “legitimar” una reforma que puede generar mayores conflictos en los 418 municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres, ahora llamado sistemas normativos internos, detallaron. Los maestrantes en derecho electoral Geovany Vásquez Sagrero, Coral Ordaz Fuentes, David Martínez Pérez y Tania Robles, convocaron a los partidos políticos, a legisladores, a la Procuraduría General de la República, a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y todos aquellos que tengan interés jurídico para presentar esta demanda ante la Corte. A juicio de los estudiantes, lo indignante es que el secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes, quien, desde la sociedad civil representó los intereses de los indígenas, ahora respalda una “simulación” para legitimar una reforma que jamás fue consultada. De igual forma, cuestionaron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca porque no se ha pronunciado al respecto, cuando se están violando los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, a quienes se les está imponiendo en el Código Electoral tener estatutos y padrones. Lo insólito es que además de violar tratados internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución mexicana, el Congreso de Oaxaca ignoró el decreto que aprobó el 10 de diciembre de 2010 donde se ordena adoptar la “Declaratoria Chiapas”. En la “Declaratoria Chiapas”, adoptada con el consenso de los participantes en la Conferencia Parlamentaria Internacional sobre “los parlamentos, las minorías y los pueblos indígenas: participación política efectiva” y firmada por la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, sobresale la consulta a los pueblos originarios. Pese a todo esto, la LXI Legislatura de Oaxaca aprobó, el pasado 10 de agosto, un nuevo Código Electoral donde cambian el sistema de usos y costumbres por el de “Sistemas Normativos Internos”. Consideraron que esta decisión confirma que el gobierno de Gabino Cué, el secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes, y la LXI Legislatura local no se diferencian en nada con anteriores regímenes al asumir viejas prácticas y vicios para simular cambios sustanciales, cuando están imponiendo su visión sin consultar a los pueblos y comunidades indígenas. En el estado de Oaxaca, donde un millón 564 mil 197 habitantes son indígenas, según el censo de 2005, y conviven 18 grupos con 248 variantes, hay 418 municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres. De esos 418 municipios de usos y costumbres, en 307 votan las mujeres y en 111 no participa ese género, pero además, en 330 se eligen presidentes municipales por tres años, 58 por un año, 29 por un año y medio y uno por dos años.