AYUTLA DE LOS LIBRES, Gro. (apro).- El gobernador Ángel Aguirre Rivero entregó huaraches, despensas y tarjetas La Cumplidora en este lugar, en que desde la semana pasada los pobladores decidieron armarse para enfrentar directamente a bandas delincuenciales. Por segunda ocasión consecutiva, el mandatario pidió al grupo de civiles armados que permitan que el Operativo Guerrero Seguro (OGS) –conformado por Marina, Ejército y policías Federal y estatal– retomen las funciones de brindar seguridad en esta zona. En respuesta, los integrantes del movimiento contra la delincuencia de Ayutla y los miembros de la Policía Comunitaria (PC), en asamblea popular, decidieron mantener la hegemonía en las tareas de vigilancia e impartición de justicia. Por ello, anunciaron que su labor se extenderá a otros municipios, como Florencio Villarreal, San Marcos, Copala y Tecoanapa; por cierto, en este último ya existen retenes sobre la carretera desplegados por grupos de civiles armados. Al respecto, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, anunció que la labor de las Fuerzas Armadas y las corporaciones federal y estatal será de coadyuvancia con la PC, conformada en Ayutla ante la criminal indolencia gubernamental. Entrevistado en el lugar donde se realizó la asamblea popular en Ayutla, el activista dijo que las policías municipales y ministeriales son las únicas corporaciones que no van a poder patrullar en la comunidades ante la desconfianza ciudadana por sus presuntos nexos con bandas delincuenciales. Por la mañana, el gobernador Aguirre arribó a Ayutla en medio de un impresionante despliegue de seguridad, con las mismas características de su visita a la cabecera de Olinalá, es decir, una semana después de que pobladores decidieran tomar las armas para enfrentar directamente a bandas delincuenciales que actúan bajo el manto protector de las autoridades gubernamentales. Primero, Aguirre se reunió con dirigentes del movimiento contra la delincuencia, a quienes solicitó que dejaran en manos de las autoridades estatales y federales el tema de la seguridad pública y, en respuesta, los inconformes expusieron una serie de inconformidades y reproches sobre la actuación de las corporaciones policiacas y castrenses, a quienes acusaron de ser cómplices del crecimiento exponencial de los secuestros, asesinatos y extorsiones que se registraban en esta franja de la región de Costa Chica. Incluso, señalaron que en una semana los integrantes del movimiento contra la delincuencia y los policías comunitarios han detenido a casi 70 personas vinculadas presuntamente con la delincuencia organizada, quienes se encuentran retenidos en distintas comunidades y serán juzgados mediante el sistema de usos y costumbres. Por ello, los inconformes demandaron al gobernador Aguirre el reconocimiento pleno de la estructura de civiles armados, así como la entrega de armamento y equipo de radiocomunicación para que realicen su labor en sustitución de las corporaciones locales. Al respecto, Aguirre Rivero respaldó la petición de los habitantes y anunció un programa de depuración de la policía municipal y ministerial. "Hoy es Ayutla, mañana no sabemos en dónde sea y esto nos obliga a los tres niveles de gobierno a llevar una verdadera depuración y evaluación de quienes hoy tienen una responsabilidad que contribuya a la seguridad pública", expresó el mandatario. Luego planteó que el origen de la inseguridad y violencia es “la pobreza extrema” que se vive en la mayoría de municipios de la entidad, donde los ciudadanos viven aterrados y sometidos por delincuentes que actúan en coordinación con autoridades locales. Posteriormente, Aguirre se trasladó al centro de la cabecera de Ayutla, donde encabezó un acto oficial enfocado en el reparto de dádivas y discursos ajenos a la situación que se vive en esta franja de la región de Costa Chica. Por su parte, familiares de las decenas de personas que han sido detenidas por los integrantes del movimiento contra la delincuencia por sus presuntos nexos con el crimen organizado arribaron al lugar para demandar una audiencia con el mandatario, pero no fueron atendidos. Ellos reclaman la intervención de las autoridades para que se garantice el respeto de los derechos humanos de las personas retenidas y apelaron a la buena voluntad de los integrantes de la policía comunitaria para que, a la brevedad, se realice un juicio justo y se deslinden responsabilidades ante las imputaciones que enfrentan estas personas. No obstante, el gobernador Aguirre se retiró del lugar sin resolver el conflicto de fondo, dejando en los civiles armados y la PC la responsabilidad de brindar seguridad pública e impartir justicia.