CHILPANCINGO, Gro., (apro).- El pleno legislativo aprobó por mayoría la iniciativa de decreto para la creación de la Policía Rural que envió el gobernador Ángel Aguirre, con el propósito de regular a los grupos de autodefensa que surgieron en la entidad ante la indolencia oficial frente a la ola delincuencial. La acción de los diputados locales encabezados por el presidente del Congreso, Bernardo Ortega Jiménez --hijo del narcotraficante Celso Ortega La Ardilla, quien fue detenido por agentes federales y posteriormente ejecutado en 2011--, fue severamente criticada por miembros del grupo de autodefensa de la organización Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Al respecto, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, advirtió que los integrantes de las comisiones dictaminadoras de Seguridad Pública y Justicia no consultaron a la población y se limitaron a actuar como se los ordenó Aguirre Rivero. Por ello, anunció que acudirán a instancias nacionales e internacionales para que los diputados cumplan con el principio constitucional de consultar a la sociedad sobre temas de interés público. Al menos un centenar de miembros de la UPOEG acudió a la sede del Congreso en esta capital, donde abuchearon a los diputados locales que aprobaron el decreto del Ejecutivo para regular a los grupos de autodefensa. De esta forma, 27 diputados de PRD, PRI, PAN, Partido Verde y Movimiento Ciudadano votaron a favor las reformas a la Ley 281 de Seguridad Pública en la entidad, y ocho más rechazaron el dictamen. En tribuna, el diputado panista Jorge Camacho Peñaloza explicó que la iniciativa aguirrista plantea que la Policía Rural estará "subordinada" a las autoridades estatales y municipales de Seguridad Pública. Los miembros de la denominada Policía Rural, dijo, serán electos por la población, mediante asambleas públicas. También rechazó que la ausencia de consulta a los miembros de los grupos de autodefensa y policías comunitarios represente una violación a derechos humanos. El excolaborador de Brozo en el programa “El Mañanero”, refirió que ante el surgimiento de los grupos de autodefensa era necesaria su regulación para tener un control y vigilar que sus actos estén apegados a la legalidad. El objetivo de la Policía Rural, explicó, será mantener la seguridad pública, tranquilidad y orden público de los habitantes de las comunidades de los municipios en que funcione y opere de manera “subordinada” a las autoridades y las instituciones en el ámbito de su competencia. A partir de la aprobación de la iniciativa, las autoridades estatales tienen un lapso de 90 días para expedir el reglamento de la Policía Rural, indica el dictamen legislativo. En la sesión, el diputado perredista Valentín Rafaela Solís pidió al pleno posponer la votación y regresar el dictamen a las comisiones hasta que se consulte a la población No obstante, el PRD y sus aliados rechazaron el planteamiento y se apresuraron a desarrollar la votación a favor de la creación de la Policía Rural.