OAXACA, Oax. (apro).- El gobierno de Gabino Cué ha cumplido “cabalmente” las medidas cautelares dictaminadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que 135 familias triquis tengan un retorno seguro a su comunidad de San Juan Copala, aseguró el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez. Sin embargo, aclaró que las familias desplazadas tendrán que “esperar un poco más” para emprender el regreso debido a que es necesario “ir generando condiciones de paz para no dar motivo a los que intentan enfrentar a los triquis y quieren generar desestabilización en la región”. Luego de calificar la Movimiento de Unificación y Lucha Trique (MULT) como una “poderosa y gran organización”, el funcionario estatal resaltó que “hoy cualquiera (de los triquis desplazados) puede regresar sin ningún problema a San Juan Copala”. Para reforzar su dicho, mencionó que en el tercer viernes de Cuaresma, indígenas triquis fueron San Juan Copala, al que consideran su centro ceremonial, y no hubo ningún problema. También recordó que se reanudaron las clases después de tres años de estar abandonadas las aulas. Antes, el encargado de la política interna de Oaxaca afirmó que el motivo por el cual el conflicto social de San Juan Copala se ha prolongado es por causa de “personajes políticos y organizaciones sociales que han utilizado a toda una comunidad como carne de cañón para lucrar en beneficio propio, extrayendo recursos económicos provenientes de organismos en pro de los derechos humanos nacionales e internacionales”. Ante la reinstalación del campamento triqui en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, agregó que la administración que encabeza Gabino Cué el gobierno del estado ha mantenido una política humanista de diálogo, concordia y respeto al caso; sin embargo, la injerencia de actores externos al conflicto y a la comunidad han entorpecido continuamente las vías de conciliación”. Explicó que “entre las personas que actualmente se ubican en esta zona, únicamente seis tienen medidas cautelares, el resto son comerciantes que se han adherido y personas que únicamente persiguen un interés económico, quienes pretenden recibir una retribución económica mensual”. A su juicio, “no hay justificación alguna para que estas personas realicen un plantón exponiendo la integridad y el bienestar de hombres, mujeres y niños”. Detalló que se han cumplido conforme a la ley las medidas cautelares dictaminadas por la CIDH al entregar, en diciembre de 2011 y en enero de 2012, un apoyo económico de 150 mil pesos a cada familia por concepto de resarcimiento de daños derivados del conflicto. Aunado a ello, se destinó una inversión de 68 millones de pesos que permitieron la instauración de una clínica de salud en la región y la reactivación de los servicios educativos luego de tres años de inoperatividad. Martínez Álvarez consideró que la reinstalación de este grupo de triquis en los portales del Palacio de Gobierno va contra cualquier estado de derecho, además de representar un atentado a la vida y a la dignidad de las personas que ahí se concentran, pues esta situación pone en riesgo las condiciones de salud e inclusive de seguridad. Finalmente, el secretario general de Gobierno hizo un llamado a los actores ajenos a esta problemática a dejar de lado intereses personales y actitudes de hostilidad y anteponer el bienestar y el desarrollo social de esta región.