CANCÚN, Q. Roo (apro).- El agente del Ministerio Público del fuero común requirió al alcalde Julián Ricalde Magaña en relación con la denuncia presentada por dos vendedoras ambulantes, de origen chiapaneco, contra dos funcionarios de la Dirección Municipal de Comercio en la Vía Pública (DMCVP), a quienes acusan de abusos cuando les decomisaron su mercancía en la zona hotelera. “Ya se giró el oficio de investigación y se giró el oficio al presidente municipal para que remita los nombramientos de las personas, así como sus nombres y cargos, además si se realizó algún procedimiento administrativo en contra de ellos y las facultades con que cuentan para tener esta función”, dijo en rueda de prensa el subprocurador de la Zona Norte, Carlos Arturo Álvarez Escalera. La semana pasada apareció en redes sociales un video en el que se exhibe a dos inspectores de la DMCVP, un hombre y una mujer, cuando decomisan su mercancía a una indígena chiapaneca, en la zona hotelera. La mujer y su sobrina presentaron una denuncia contra ambos inspectores, aunque éstos ya están bajo proceso en la Contraloría municipal y han sido suspendidos de la DMCVP. Además, el ombudsman estatal inició una queja de oficio contra estos dos inspectores. De acuerdo con el subprocurador Álvarez Escalera, las agraviadas Angelina Irma Cruz Hernández y Laura Hernández Cruz establecieron en su denuncia que ambas se encontraban “laborando en plaza La Fiesta”, en la zona hotelera, cuando personal de la DMCP “le quitó sus cosas de manera violenta”. Las agraviadas indicaron al agente del MP que Mirty Georgia González Quijano y otro inspector les quitaron muñecas, monederos y llaveros, por lo cual presentaron una denuncia por robo, daños y abuso de autoridad, queja que se asentó en la averiguación previa 563/8-2013. Álvarez Escalera indicó que se requiere precisar si González Quijano y su acompañante son funcionarios de la comuna cancunense. “Nosotros necesitamos acreditar si son una autoridad y con ese carácter es como estaban ellos funcionando; necesitamos estos datos del ayuntamiento, sin los cuales no podríamos determinar si se trató de un abuso de autoridad o un robo”, comentó. No obstante, el funcionario estatal dijo que las dos mujeres chiapanecas no manifestaron que fueron objeto de humillación. “Ella manifestó que le quitaron sus cosas, ella no manifiesta que la hayan insultado o le hayan dicho algunas palabras denigrantes, que pudiera darse la discriminación, que no fue así, entonces pudiera darse el delito de robo y los daños”, aventuró Álvarez Escalera.