MONTERREY, N.L. (apro).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició un procedimiento disciplinario en contra del juez Luis Armando Jerezano Treviño, suspendido en 2011 por entregar indebidamente un amparo al dueño de la empresa Emociones y Atracciones Vallarta (EAV). Esta empresa operaba el Casino Royale, ubicado al poniente de Monterrey, donde el 25 de agosto de ese año murieron 52 personas en un ataque incendiario perpetrado por criminales. En un comunicado emitido el 23 de enero pasado, el CJF informó que después de efectuar una investigación interna fueron encontrados “elementos que presumen conductas irregulares” en la actuación de Jerezano, por lo que inició un procedimiento disciplinario de oficio en su contra. El órgano judicial aseguró que al momento de recibir su sanción, el funcionario se desempeñaba como Juez Primero de Distrito del centro Auxiliar de la Décima Región en Saltillo, Coahuila. Con él fue suspendido Gerardo Tiscareño Mercado, quien trabajaba como su secretario. “La determinación dictada por el Pleno del CJF implica que no podrán gozar de sueldo alguno, hasta en tanto se concluya el proceso disciplinario”, precisó el Consejo. El documento oficial concluyó al informar que: “las indagatorias realizadas están sustentadas en el compromiso de los consejeros de la Judicatura Federal de no permitir conductas contrarias a la expectativa de la sociedad de contar con juzgadores federales éticos y con altos estándares de compromiso con el servicio público de la justicia”. Jerezano Treviño fue suspendido el 20 de septiembre del 2011, cuando se detectó que entregó indebidamente un amparo a EAV, propiedad de Raúl Rocha, para que operara casas de juego en el país. En el 2008, cuando expidió los permisos, el entonces funcionario era titular del Juzgado Cuatro de Distrito de La Laguna en Coahuila y con él trabajaba Tiscareño, quien también fue suspendido. El Consejo de la Judicatura Federal explicó que: “el pleno del Consejo resolvió suspenderlos temporalmente de su cargo a fin de facilitar las indagatorias que lleva a cabo en torno a distintos señalamientos relacionados con acciones que habrían beneficiado, de manera indebida, la operación de establecimientos de juegos y sorteos”. El órgano federal precisó que el caso de Jerezano estaba vinculado al de la suspensión del Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, suspendido en mayo del 2011 por entregar permisos irregulares para que abrieran casinos en San Pedro. “Como es del dominio público, sobre esos funcionarios judiciales suspendidos pesan cuestionamientos respecto de su actuación en juicios de amparo vinculados con la operación de establecimientos de juegos y sorteos”, expuso entonces el Consejo. Hasta ahora, la dependencia federal no ha explicado de qué se tratan las faltas en las que incurrió Jerezano ni en qué ha consistido su castigo. Unas versiones señalan que pese a haber sido suspendido en el 2011, cobraba aún parcialmente su salario como magistrado. El polémico juzgador es mencionado en una indagatoria que sigue la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos federales cometidos por operadores del Casino La Fortuna, ubicado en esta capital, establecimiento que actualmente se encuentra clausurado y bajo resguardo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).