COLIMA, Col. (apro).- Desde “un lugar seguro” en el que ha estado oculto durante más de dos semanas, el presidente de la Asociación de Secretarios y Proyectistas del Poder Judicial, Rumualdo García Mejía, denunció que es objeto de una “persecución política” por parte del titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael García Rincón. Destituido el 19 de diciembre de su puesto como proyectista jurídico de la Segunda Sala Penal con el voto de 6 de los 10 magistrados del pleno, García Mejía aseguró que se vio obligado a resguardarse porque luego de su cese el presidente del STJE pretendía “fabricarle” un delito y encarcelarlo, como represalia por las denuncias que ha realizado sobre presuntos malos manejos en el Tribunal. En entrevista con Apro, realizada vía Internet, aseveró que en el periodo de 2011 a 2013, su agrupación promovió más de una docena de juicios de amparo contra decisiones del pleno —cuya mayoría es controlada por García Rincón—, entre ellas nombramientos de jueces y otros cargos sin examen de oposición; cambios arbitrarios de adscripción de personal, así como por el incumplimiento de la Ley de Remuneraciones. Varios de estos amparos fueron concedidos a la parte quejosa y otros se encuentran en trámite. En los últimos días, a raíz de su destitución como proyectista jurídico, Rumualdo García promovió tres amparos que aún se encuentran en trámite: el primero de ellos contra su separación del cargo; el segundo contra su posible detención, y el tercero contra cualquier averiguación previa secreta en la que se le pretenda involucrarlo. Según García Mejía, la actual fractura existente en el pleno del STJE fue ocasionada por el gobernador priista Mario Anguiano Moreno, quien en 2010 impuso a su compadre Rafael García Rincón como presidente del tribunal, mediante una indicación transmitida a cada magistrado a través su secretario particular, Guillermo Adame Fuentes, y del entonces secretario general de Gobierno, Jesús Orozco Alfaro. También refirió que la principal opositora a esa maniobra fue Rocío López Llerenas Zamora, por la contravención del principio de división de poderes, además de “los antecedentes delictivos y el comportamiento inadecuado de García Rincón”, quien fue electo con siete de 10 votos posibles, incluido el propio. Entre los antecedentes del presidente del STJE se encuentra haber estado en la cárcel temporalmente por la violación de un amparo en 1992, cuando era subdelegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en la entidad. La fractura del pleno del tribunal persiste hasta la fecha y se reflejó cuando Rumualdo García fue destituido con el voto de García Rincón y el de los cinco magistrados que le son afines. Según el boletín respectivo dado a conocer por el STJE ese día, el despido fue realizado a causa de la “conducta indebida como servidor público en relación a sus superiores y a la institución, que por su naturaleza configura causales de rescisión laboral previstas en la ley burocrática vigente, así como pérdida de la confianza”. De acuerdo con García Mejía, fue “una decisión ilegal de principio a fin”, pues a partir de una denuncia de un ciudadano no identificado, “de manera fulminante y sin instaurarme un procedimiento en respeto de mi garantía de audiencia, en menos de cinco minutos fui destituido por los seis magistrados que controlan el pleno del Tribunal”. Después de la destitución, el secretario general de acuerdos del STJE, Roberto Rubio Torres, y el subdirector de Averiguaciones Previas de la PGJE, Gustavo Adrián Joya Cervera, con el auxilio de un cerrajero, entraron por la fuerza a la oficina de López Llerenas, pese a la oposición de ésta, para sacar equipo de cómputo con el que laboraba el proyectista despedido. Debido a este incidente, la funcionaria sufrió una alteración de su salud y fue internada en un hospital. Rumualdo García dijo que tanto el presidente del STJE como el funcionario de la PGJE y otros empleados del Poder Judicial cometieron los delitos de coalición de servidores públicos, ultrajes a la autoridad, coacción y robo equiparado, por lo que procedería presentar denuncias en su contra, así como instaurar un juicio político contra Rafael García, aunque también podrían estar implicados otros magistrados y el propio titular de la Procuraduría local.