COLIMA, Col. (apro).- El Congreso estatal aprobó una nueva Ley para la Protección de Victimas en Colima, en la que se amplían los conceptos de apoyo y reparación del daño para las personas ofendidas por ilícitos y violaciones a sus derechos humanos. El dictamen, presentado por el diputado Arturo García Arias, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, establece la creación del Sistema Estatal de Atención de Victimas, integrado por los tres poderes, que creará las políticas públicas para el cumplimiento de la ley. Entre las responsabilidades de ese sistema se encuentra prevista la elaboración de un plan y un programa estatal para la atención de víctimas, un registro estatal y un fondo destinado a otorgar a las víctimas la necesaria protección integral. Además, en la nueva disposición legal la víctima u ofendido adquiere nuevos derechos, como el de recibir la atención médica y psicológica, asesoría jurídica, que se le repare el daño causado, resguardar su identidad y datos personales, solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para proteger y restituir sus derechos. Aprobada por unanimidad, la ley establece también la posibilidad de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del MP, así como las resoluciones de reserva, el desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. La legislación reconoce a la víctima los derechos a la verdad, ayuda, asistencia y atención de acceso a la justicia, reparación del daño integral y garantía de no repetición. De acuerdo con el documento aprobado por el Congreso, la ley de víctimas mandata que terceras instituciones realicen acciones adicionales sobre cómo trabajar con individuos que han sufrido abuso de menores, violencia doméstica, ataques sexuales, crímenes de odio o que han sido víctimas de tortura. A partir de la publicación del decreto en el periódico oficial deberán ponerse en marcha los mecanismos para la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, cuyos recursos se obtendrán de las partidas presupuestarias que les asigne el gobierno estatal, aportaciones de particulares e instituciones públicas, así como del producto de la enajenación de bienes decomisados o asegurados en los procedimientos penales o aquellos que causen abandono. Entre otras fuentes, ese fondo también se allegará recursos de la enajenación y los rendimientos de los bienes que sean asegurados, conforme lo establece la Ley de Extinción de Dominio de Colima y de las multas, fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad.