PUEBLA, Pue. (apro).- Decenas de granaderos irrumpieron hoy en el municipio de San Miguel Canoa con la intención de recuperar la sede de la Junta Auxiliar, en poder de habitantes de esa comunidad que se oponen a la imposición de Félix Flores García como alcalde subalterno. El conflicto en esta población inició tras la detención del presidente auxiliar electo, Raúl Pérez Velázquez, el pasado 31 de octubre, en respuesta a una denuncia interpuesta por un empleado de la empresa Concesiones Integrales, concesionaria del sistema de agua potable y alcantarillado. Ante el encarcelamiento del edil, sus hijos Rocío y Javier Pérez asumieron el liderazgo de la comunidad y denunciaron que su padre ha sido torturado física y psicológicamente en la prisión para que cedan en la lucha y permitan la imposición de autoridades. Rocío comentó que desde las elecciones por las Juntas Auxiliares su padre se confrontó con el gobernador Rafael Moreno Valle, quien quería que esa comunidad quedara a cargo su allegado, Germán López. Raúl Pérez también participó en el movimiento de ediles auxiliares en contra de las reformas a la Ley Orgánica Municipal y de la Ley del Registro Civil, que quitó facultades a esas representaciones populares que se eligen por usos y costumbres, a voto directo de la comunidad, pero sin ser postulados por partidos políticos. Otra confrontación ocurrió el pasado 15 de octubre, días antes de la detención del edil, cuando el gobernador acudió a una escuela de Canoa en un evento a puerta cerrada y sin informar a las autoridades locales. En ese entonces, Raúl Pérez, dijo que Moreno Valle entró a Canoa “como un ladrón”. Dos semanas después, el edil fue llamado a oficinas de la presidencia municipal, supuestamente para un trámite, pero ya en el lugar lo esperaba un grupo de 15 policías municipales que lo detuvieron, pese a que Pérez contaba con un amparo federal. Rocío Pérez exhibió recientemente un audio en el que el Secretario de Gobernación del municipio, Guillermo Aréchiga Santamaría, les ofrecía negociar la liberación de su padre a cambio de que desistan de la lucha. Sin embargo, en San Miguel Canoa la población ha llevado a cabo asambleas en las que determinaron resistir, incluso oponerse a que los gobiernos estatal y municipal ingresen a esa comunidad, ni siquiera para llevar a cabo programas como entrega de despensas o aplicación de vacunas. La hija del edil ha expresado en distintas ocasiones su temor de que se tome como argumento los antecedentes de violencia ocurridos en esta población en los años setenta, para que el Gobierno de Moreno Valle envíe un operativo de represión contra los pobladores. “Nosotros lo único que estamos haciendo es pelear por nuestros derechos como pueblos indígenas”, ha advertido Rocío Pérez, quien ha advertido que el pueblo ha tomado decisiones que rebasan los liderazgos por lo que es peligroso que el gobierno intente ingresar por la fuerza. “En Canoa puede pasar algo más grave que lo que ocurrió en Chalchihuapan, puede ser más grave que Ayotzinapa”, ha alertado. Por la tarde, el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que aseguró que la presencia de policías se debió por una parte al cambio de turno y por otra a que recibieron una “falsa llamada de auxilio”. Además, dijo que “el gobierno municipal refrenda que mantendrá un modelo de proximidad, cercano a la gente y, sobretodo, abierto a las expresiones de todos los sectores ciudadanos de una manera respetuosa. Asimismo reitera que su actuación ante cualquier alteración del orden que coloque en riesgo a los pobladores será de prudencia y con total apego a la ley”. Sin embargo, Javier Pérez advirtió que de su lado no van a actuar de mala manera, pero si el gobierno los agrede “tendríamos que defendernos”.