MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La excoordinadora de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria de Iguala, Angélica Narváez Pérez, denunció que el gobierno de Guerrero la destituyó del cargo en represalia porque dio atención médica a normalistas de Ayotzinapa que resultaron lesionados durante los hechos violentos del pasado 26 de septiembre. Narváez Pérez responsabilizó al gobernador Rogelio Ortega y al presidente Enrique Peña Nieto de lo que le ocurra, ya que, aseguró, ha recibido amenazas de muerte. En conferencia de prensa realizada este sábado en el campamento que los maestros de la Ceteg mantienen en el zócalo de Iguala, la doctora  acusó al director de la Jurisdicción de esa ciudad, Miguel Villanueva González, de haberla removido sin la autorización del titular de la Secretaría de Salud, Juan Carlos Beica. El argumento para remover a la profesionista fue que “es una activista social” y que es nociva para el sector salud. Narváez explicó que el 26 de septiembre pasado acudió al llamado y a la labor humanitaria que en ese momento acontecía y que permaneció al tanto a altas horas de la noche, atendiendo a Aldo Solano Gutiérrez y a Édgar Andrés Vargas, normalistas de Ayotzinapa y sus familiares. Solano Gutiérrez fue herido de un balazo en la cabeza durante el ataque cometido por policías municipales de Iguala y actualmente permanece internado en una clínica de la Ciudad de México. La doctora afirmó que el jefe de la Jurisdicción se alió con los dirigentes sindicales Rigoberto Sámano y Beatriz Vélez, para destituirla y desprestigiarla ante sus compañeros.