ZACUALPAN, Col..- Encabezados por una tanqueta y armados con toletes, unos 150 agentes estatales desalojaron por la fuerza a los indígenas de este pueblo nahua que, desde horas antes, mantenían tomado el sistema de bombeo del manantial que abastece de agua a la zona conurbada de la capital del estado. Como resultado del operativo, en el que participaron elementos de la Policía Estatal Acreditable (PEA) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), resultaron lesionadas cerca de 20 personas, entre ellas mujeres y niños, quienes fueron empujados y pisoteados por los agentes a su paso, narró Jesús Santos Quirino, uno de los líderes de los comuneros. Por la mañana, unos 200 integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) habían cortado el flujo del caudal para exigir el reconocimiento de la asamblea comunal realizada el pasado 23 de febrero, en la que se pronunciaron contra la explotación de una mina de oro en su territorio. En la misma asamblea, destituyeron a la mesa directiva que encabezaba Carlos Guzmán Teodoro, acusado de apoyar el proyecto minero. De acuerdo con el director de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado Colima Villa de Álvarez (Ciapacov), Óscar Valencia Montes, el acto de protesta de los comuneros dejó sin agua a cien mil habitantes de la capital. Los inconformes exigían la presencia del gobernador Mario Anguiano Moreno; del delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Miguel Barragán Ornelas, y del delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Óscar Zurroza Barrera, pero quien se presentó después de las cuatro de la tarde fue el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez. Jesús Santos dijo que el funcionario los conminó a desalojar las instalaciones con el argumento de que ese terreno no pertenece al territorio de Zacualpan, pues fue expropiado hace más de 20 años, y únicamente les ofreció hablar con el gobernador para buscar que se atiendan sus demandas. “Nosotros le dijimos que no podíamos aceptar eso, porque no nos estaba resolviendo nada, y entonces él se retiró y en menos de una hora llegaron los policías a reprimirnos”, comentó Santos, quien anunció que la comunidad interpondrá un juicio de amparo contra el “saqueo del agua” que las autoridades estatales han hecho sin otorgar ningún beneficio para Zacualpan. A través de un comunicado emitido más tarde, el gobierno estatal aseguró que durante el operativo “los elementos de las corporaciones de seguridad pública, de manera pacífica y sin necesidad del uso de la fuerza, abrieron paso a los trabajadores de Ciapacov para encender el sistema de bombeo y restablecer el abasto de agua”. También indicó que inicialmente Rueda Sánchez se trasladó al lugar de los hechos a fin de dar solución al conflicto a través del diálogo y garantizar el uso del agua a los habitantes de Colima y Villa de Álvarez. “Ahí, Rueda Sánchez informó que el gobernador les tiende puentes de diálogo a los manifestantes y en general a toda la población, a quienes apoya en sus peticiones, siempre en el uso de la razón y garantizando los derechos de los colimenses”, expuso el boletín oficial. Una vez que los elementos policiacos tomaron posesión del lugar, un funcionario de la Ciapacov ingresó y puso en marcha nuevamente los motores del sistema de bombeo. Mientras decenas de agentes policiacos resguardan las instalaciones del sistema de bombeo, Santos Quirino informó que los comuneros se mantendrán en plantón afuera de ese lugar. También dijo que solicitó la solidaridad de organizaciones sociales de la entidad. Esta noche, el grupo ambientalista Bios Iguana convocó a una manifestación frente al palacio de gobierno para protestar por el uso de la fuerza contra los habitantes de esa comunidad indígena. Por la mañana, la secretaria de la nueva mesa directiva de Bienes Comunales, Epitacia Zamora Teodoro, había dado a conocer un pronunciamiento del CIDTZ, en el que se establece que el sábado 8, en una reunión con la comunidad, los delegados de la Sedatu y del RAN, Óscar Zurroza Barrera y Miguel Barragán Ornelas, entre otros, se comprometieron a registrar el acta de asamblea y a realizar el acto de entrega del sello, libro de actas y demás documentos para que realice su trabajo la nueva directiva. En la misma reunión, en la que también participaron el alcalde de Comala, Braulio Arreguín Acevedo, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Colima (CDHEC), Roberto Chapula de la Mora, los servidores públicos se pronunciaron por unanimidad en contra del proyecto minero. Sin embargo, de acuerdo con el CIDTZ, los funcionarios incumplieron los compromisos, por lo que “vemos claramente que las autoridades de los tres niveles se burlan de nosotros, dejando en claro que es falso lo que dicen respecto de la mina, violando nuestros derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales”.