Represión no detendrá lucha contra gasoducto Morelos: activistas

martes, 8 de abril de 2014
PUEBLA, Pue. (apro).- Agrupaciones civiles de Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Distrito Federal anunciaron movilizaciones y protestas para exigir la liberación del activista Juan Carlos Flores Solís y de la comisariada ejidal Enedina Rosas Vélez, detenidos por oponerse al proyecto del gasoducto Morelos. En rueda de prensa, Alejandro Torres Chocolatl, ejidatario del municipio de Juan C. Bonilla, por donde se planea el paso del gasoducto, señaló que en una clara muestra de apoyo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a las empresas encargadas del proyecto, el gobierno de Rafael Moreno Valle busca desarticular el movimiento opositor a la obra. No obstante, dijo, las comunidades se mantienen unidas y en plan de lucha para exigir la liberación de Flores Solís y Rosas Vélez, pero también para reforzar la resistencia en contra del paso del gasoducto por sus tierras. “Cerraremos carreteras, tomaremos oficinas, haremos plantones. Si creen que nos van intimidar, no lo harán, vamos a seguir unidos. Que nos escuche bien Moreno Valle, porque no nos vamos a dejar. Vamos a llegar a donde tengamos que llegar para defender a nuestros compañeros y para defender a nuestras comunidades”, gritó una de las afectadas. Los familiares de Avelino Velázquez, otro de los comisariados ejidales que se opone al gasoducto, afirmaron que él también tiene orden de aprehensión, pero no pudo ser ejecutada el pasado domingo 6, debido a que no se encontraba en su domicilio cuando llegaron los policías. Desde ese día, dijeron, Avelino Velázquez se refugió en el monte de San Juan Amecac, municipio de Atzizihuacán, para evitar su detención. De acuerdo con Torres Chocolatl, es previsible que la embestida contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra (FPDAT) tenga como finalidad preparar el camino para aplicar la recién aprobada Ley de Expropiaciones, con la que el gobierno estatal podría apropiarse por decreto los terrenos que los comuneros se han negado a vender. Asimismo, precisó que hasta ahora la CFE  sólo cuenta con 5% del derecho de vía, ya que la mayoría de los habitantes de las 80 comunidades afectadas, muchas de ellas de indígenas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, se oponen a vender sus propiedades o firmar los permisos. El gasoducto forma parte del Proyecto Integral Morelos, que consiste en un acueducto y dos termoeléctricas que se ubicarán en Huexca, Morelos, y que producirán energía eléctrica para las industrias. Los opositores advierten que además de los riesgos por explosiones y la pérdida de valor de sus tierras por el paso de los 160 kilómetros de ductos, parte del trazo de esa obra está contemplado en una zona de riesgo medio del volcán Popocatépetl, lo que pondría en peligro constante a los habitantes de esa región, que sólo en Puebla suman alrededor de 400 mil. Entre otras organizaciones, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, la Universidad Iberoamericana de Puebla, el Movimiento  Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y Comunicación para el Cambio Social (Cencos), manifestaron su solidaridad con el FPDAT para exigir la liberación de los detenidos y exigir un alto a la represión. En representación de las comunidades afectadas de Tlaxcala, David Torres calificó como una injusticia que verdaderos delincuentes anden libres mientras se encarcela a luchadores sociales sólo por defender los derechos que les otorga la Constitución. El pasado domingo, la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas, de 60 años de edad, fue detenida por elementos de la Policía Estatal cuando salía de una reunión celebrada en San José Teruel, municipio de Tepeojuma, en la que se confirmó la determinación de oponerse al proyecto del gasoducto. Al día siguiente, Juan Carlos Flores Solís, quien fungía como vocero del movimiento, fue aprehendido alrededor de las 4:30 de la tarde al salir de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, adonde acudió para presentar una queja por la detención de Enedina y la persecución contra Avelino Velázquez. A la mujer se le acusa de robo agravado y obstaculización a una obra pública, mientras que a Flores Solís se le abrió un proceso por supuesto despojo y extorsión, entre otros. A finales de marzo pasado, los opositores de las comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala marcharon en caravana hasta el municipio de Atlixco, donde celebraron el “Encuentro para la Justicia a los Pueblos del Popocatépetl”. En esa reunión, los ejidatarios y comuneros apoyados por organizaciones civiles y académicos acordaron tomar las alcaldías que apoyen el gasoducto, tramitar amparos para suspender los trabajos y presentar denuncias en contra de las acciones de intimidación y amenazas por parte de la CFE y de los gobernadores de Puebla y Morelos. Los participantes denunciaron que los mandatarios de las tres entidades presionan a los alcaldes para que autoricen los permisos de uso de suelo, pese al creciente rechazo social contra ese proyecto y la insistente demanda de las comunidades a ser consultadas. La semana pasada el ayuntamiento de Atlixco aprobó autorizar el uso de suelo para el paso del gasoducto en su territorio.

Comentarios